¿Racistas? ¡Ni modo!

San-Jose-Golfo-Por Magalí Rey Rosa –

El historiador Pedro Pérez Valenzuela sostuvo las siguientes premisas: Que los indígenas carecen de cultura y civilización porque se encontraban en decadencia a la llegada de los españoles y además son una raza inferior. Que no se puede llamar cultura o civilización a la producción de los indígenas cuando no conocían la rueda ni los animales domésticos. Ni creer que el Popol Vuh es un libro literario cuando “no es más que una sarta de inventos y divagaciones ineptas sin doctrina coherente”.

No digamos la escritura y los glifos que no son más que “una serie de muñecos y dibujos sin sentido”. Los indígenas carecen de una religión y son paganos e idólatras. Fueron los españoles los “que vinieron a darle un alma al cristianizarlos, porque la nueva religión que les brindaban era la antítesis de la suya, esa sí cruenta y feroz, esa sí aniquiladora del espíritu”.

Los indígenas carecen de nacionalidad porque los pueblos bárbaros y salvajes no pueden adquirirla porque nunca tuvieron tierras, al no existir propiedad privada, porque carecen de cultura y civilización y por último porque fue la Colonia la que mejoró su situación, gracias al legado de España que les dio una religión, un alma, un territorio y “que fundió su sangre con la sangre decadente del indígena”. La cita es de un texto de Marta Casaus Arzú, en La patrimonialización de la cultura y la privatización del patrimonio cultural: dos caras de la misma moneda.

Esta línea de argumentación, tan penosamente racista, fue formulada y expresada en 1937, en medio de un debate entre intelectuales, por la incorporación plena de los indígenas como ciudadanos de la Nación. Ahora nadie se puede expresar de esa manera porque es ilegal, pero ese “razonamiento” sigue vigente —aunque sea de forma subliminal— en el imaginario de muchos de los guatemaltecos “ladinos”.

Desgraciadamente es notorio entre funcionarios públicos. Un ejemplo estridente del racismo que impera en funcionarios es la respuesta que ha dado —este equipo de gobierno y los que le antecedieron— a las consultas comunitarias, casi todas organizadas por pueblos indígenas, para defender sus territorios de la minería metálica. La Constitución es la ley fundamental que establece, organiza, regula y limita los poderes del Estado. Su fin supremo es la realización del bien común.

En su artículo 4º dice: “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales”. ¿Por qué, entonces, el Estado guatemalteco ha ignorado el angustioso movimiento de resistencia contra la peligrosa minería metálica? Los funcionarios que tienen el poder de interpretar la Constitución y aquellos que tienen poder de decisión en el gobierno han optado por ignorar la voz de muchos miles de compatriotas que no quieren que las transnacionales mineras destruyan sus montañas y contaminen sus aguas, y han decidido favorecer a compañías mineras transnacionales y sus socios locales. Han decidido obviar que tenemos una Ley de Minería hecha para los mineros, por los mineros; y no se han dado cuenta de cuántas veces se ha retorcido la ley y se han violado los derechos de los ciudadanos guatemaltecos para que los proyectos mineros avancen. ¿Seguidores de Valenzuela o de Ayn Rand?, qué importa, nuestros empleados públicos ejercen un racismo que podría ser perseguido legalmente, si tuviéramos sistema de justicia.

Fuente: www.copaeguatemala.org

Te gusto, quieres compartir