Asesinan a luchador social que dedicó su vida a defender la vida

carlos hernandezPor la Redacción Prensa Comunitaria – CMI – Guatemala, 9 de marzo de 2013

Organizaciones sociales locales y nacionales denunciaron en conferencia de Prensa en Chiquimula el asesinato del luchador social y sindicalista Carlos Hernández y exigen a las autoridades su esclarecimiento inmediato. Éste hecho ocurrió este ocho de marzo a las 8:30 de la mañana, en El Florido, Camotán en el km 210, cuando se dirigía hacia Chiquimula. Desde hace un año según denuncian familiares se encontraba amenazado[1].

Quién era Carlos Hernández Mendoza

Fue dirigente del sindicato de salud trabajador del Centro de Salud de Camotán y encargado de las actividades de Cultura y Deportes por el departamento de Chiquimula. También era parte de la Asociación Campesina Camoteca, “reconocido líder comunitario en Camotán, defensor de los derechos del pueblo Ch´orti´, luchó incansablemente por la defensa de los bienes naturales y de el territorio, en contra de las industrias extractivas, hidroeléctricas y mineras en la región oriente defendiendo el derecho a una vida digna y la salud de las comunidades.”[2] “Su único delito fue luchar por la justicia social por darle un gran amor al prójimo.”

Amenazas en el territorio Ch´orti´

En esta región existen planes de construcción de tres Hidroeléctricas El Puente y El Orégano en Jocotán y el proyecto Caparjá en Camotán, esto forma parte del Sistema de Interconexión eléctrica para los países de América Central – SIEPAC y el corredor Tecnológico, que afectará a varios municipios y por su puesto a la población[3]. Uno de los problemas importantes a señalar es que en este caso, como ocurre en otros en todo el país, la población no ha sido informada por las autoridades ni ha sido consultada sobre estos proyectos.

Uno de éstos proyectos es la construcción de la Hidroeléctrica El Orégano, éste es propiedad de la empresa Desarrollo de Generación Eléctrica y Recursos Naturales Las Tres Niñas, que a su vez forma parte de American Trans Group. Este proyecto estará ubicado entre municipios de Zacapa y Jocotán, Chiquimula en particular las comunidades Las Flores, Guareruche, Orégano, Tierra Blanca, Morrito, Santa Bárbara y Guaraquiche, a la vez esta misma empresa tendrá entre sus proyectos uno en Camotán[4].

Justo el día de hoy se iba a realizar una consulta comunitaria en la aldea Las Flores, ésta era especial para que el Registro de Información Catastral – RIC aceptara que la población sea consultada y se declare que es comunidad indígena, para el ejercicio de su derecho histórico sobre su territorio y que sea aceptada la medición colectiva de las tierras, esto entra en disputa con los intereses de dicha empresa. En esta consulta se haría no solo en presencia de personas del RIC sino del Concejo Municipal y se levantaría un acta. Solo asistió a esta consulta miembros del Concejo más no el RIC, por lo que no se llevó a cabo esta actividad.

Otro caso de criminalización de la lucha

Las organizaciones sociales del área Ch´orti´, sindicatos de salud y otras organizaciones, hacen un llamado de emergencia a la comunidad nacional e internacional de la misma manera que lo hacen los pueblos a lo largo y ancho del país, ante la amenaza de un nuevo despojo y el uso de la violencia indiscriminada en contra de quienes defienden con legitimidad sus derechos a vivir en estas tierras y a proteger la naturaleza y la vida. Una de las estrategias que se presume son usadas por las empresas y gobierno es la criminalización de la lucha que va desde la estigmatización, la persecución penal, el encarcelamiento e incluso el asesinato, tal y como ocurrió hoy con este líder social. Dirigentes sindicales en conferencia de prensa denunciaron que “Hay una estrategia en contra del movimiento popular que va desde coartar o comprar y sino asesinar a los dirigentes[5]”

“El asesinato de Carlos Hernández es una amenaza a la sociedad guatemalteca porque están asesinando a defensores de derechos humanos, aquellas personas que hablan por las mayorías que no se atreven o tienen miedo a hablar” Fue criminalizado, encarcelado y judicializado, tal como lo denuncian sus compañeros es algo que no se puede obviar, pues era muy activo en su actividad como luchador social.

“Este crimen es el resultado de la campaña de estigmatización, criminalización y judicialización de las luchas sociales en favor de los derechos del pueblo en Guatemala, esta campaña negra que pretende deslegitimar la protesta social contra el hambre, el desempleo, la destrucción de los bosques, el robo de los ríos, el despojo de tierras comunales y el saqueo de los bienes naturales que sustentan la vida de nuestros pueblos[6].” Y es que en Guatemala con mucha facilidad se acusa de terrorismo a cualquier persona que defiende sus derechos más elementales, las empresas a través de sus operadores o representantes pueden con lujo de impunidad acusar e inmediatamente las fuerzas de seguridad del Estado y sistema de justicia se prestan para garantizar la inversión de capitales para el despojo y el saqueo a perseguir y encarcelar. En este mecanismo perverso que lamentablemente se hace cada vez más común, los medios de comunicación corporativos juegan un papel clave, pues reproducen este discurso y van creando condiciones subjetivas en la población para justificar este tipo de actividades injustas y muchas veces ilegales. Esto queda claro en las declaraciones que diera Adolfo Vásquez, gerente de la mancomunidad gerente de la mancomunidad Copán-Chortí [7] con versiones de que son los líderes sociales quienes “manipularon a los campesinos de varias comunidades asegurándoles que el alcalde de Jocotán se había fugado a los Estados Unidos con el dinero de la venta de la tierra tras emborrachar a los participantes en una manifestación.”

Algunos hechos

El 30 de marzo del 2010 hubo una concentración publica en donde la población de esta región manifestó su oposición a los proyectos de interconexión eléctrica.

El 12 de octubre del 2010 hubo una concentración, también hubo una serie de hechos violentos que concluyeron en la quema de la Municipalidad de Jocotán. Posteriormente medios de comunicación corporativos nacionales señalaban de hechos violentos a Carlos Hernández, Omar Jerónimo e incluso a la iglesia católica. Parte del discurso de criminalización en los medios y en declaraciones de autoridades municipales como Saul Oswaldo Rodríguez quien les acusó de “mal informar a la a la población sobre el corredor tecnológico, lo cual fue utilizado para incitar a los pobladores a quemar la municipalidad y otros edificios[8].” Se le acusó de haber quemado la municipalidad de Jocotán. Sin embargo miembros de la Asociación Campesina Camoteca denuncian que fue encarcelado por haber participado en una manifestación que había ocurrido meses antes.

El líder social también había recibido desde entonces constantes amenazas, vigilancia e intimidaciones incluso de grupos armados, lo cual motivó el acompañamiento internacional de instancias de derechos humanos como Brigadas de Paz.

El 13 de octubre se emitieron órdenes de captura en contra de Carlos Hernández y Santos Vásquez, los medios de comunicación les habían señalado por los hechos ocurridos el día anterior en donde había habido un enfrentamiento.

El 15 de noviembre de 2010 fueron detenidos Carlos Hernández junto a Santos Vásquez, acusados de actividad en contra de la seguridad interior de la nación, reuniones y manifestaciones ilícitas.

El 16 de noviembre de 2010 fueron liberados pero el juez los ligó a proceso, fijó una fianza y arresto domiciliario, teniendo que presentarse al juzgado cada 15 días y la prohibición de promover o participar en actividades ilícitas. Esto comprueba que el encarcelamiento es una estrategia de criminalización que pretende frenar las luchas sociales legítimas.

Abril de 2011 se otorgó la licencia para la instalación a la empresa Las Tres Niñas S.A.

2011 El Frente Nacional de Lucha puso un recurso de exhibición personal, sin embargo las autoridades nunca constataron ni investigaron nada al respecto.

La población Ch´orti´, organizaciones sociales y sindicales y los pueblos en general en Guatemala, exigen a gritos que cese la persecución y la criminalización de las luchas sociales y que se respete la vida y el territorio, pues estamos viviendo momentos difíciles en donde parece que por encima de la vida están los intereses económicos. Estamos ante un nuevo despojo y una ola de violencia que es preciso detener.

[1] Mi Chiquimula. http://www.michiquimula.com.

[2] Declaraciones de organizaciones sociales en conferencia de prensa. Chiquimula, 8 de marzo de 2013.

[3] Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto Guatemala. Paquete de Información mensual sobre Guatemala. Marzo de 2011.

[4] Con información de la nota de prensa de El Periódico el 20 de abril del 2011.

[5] Luis Lara en conferencia de prensa. Chiquimula, 8 de marzo de 2013.

[6] Omar Jerónimo en conferencia de Prensa. Chiquimula, 8 de marzo de 2013.

[7] Arce, Alberto. Primer enfrentamiento con comunidades por el corredor. Plaza Pública.

[8] Prensa Libre,14 de octubre de 2010

Fuente: comunitariapress.blogspot.com

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