Ríos Montt, juicio por genocidio en Guatemala

Por Kate Doyle –

El Juez Miguel Ángel Gálvez dio por terminada la audiencia de cuatro horas que tuvo lugar hoy lunes, en el juicio por genocidio al exdictador de Guatemala Efraín Ríos Montt, aceptando todos los testigos, expertos y documentos sometidos como evidencia por la fiscalía. A la defensa, en contraste, no le fue posible incorporar ni sus expertos ni la evidencia documentada en favor de su cliente, aunque el Juez aprobó a varios testigos de la defensa.

Este veredicto significa que el caso irá ahora al Tribunal en lo Sentencioso, en busca de una decisión sobre cuándo iniciar la fase oral, final, de esta acción inusitada en contra del general en retiro y su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez. Ambos hombres están acusados de haber sido los cerebros de una campaña militar a “tierra revuelta” en contra de las fuerzas rebeldes durante el período 1982-1983, que masacró a cientos de civiles Maya habitantes de Ixil, región noroccidental del país.

La audiencia tuvo lugar en el piso 14 de la Torre de Tribunales en la Ciudad de Guatemala, ante una audiencia de defensores de derechos humanos, activistas Maya, periodistas y otros observadores. Ríos Montt permaneció sentado detrás de sus tres abogados, oyendo el desarrollo del proceso y tomando notas, mientras que el Fiscal Orlando López y cuatro representantes de las víctimas compartieron una mesa larga frente a él.

Aunque la tarde estuvo dominada por el Juez que leía en voz alta los nombres de los cientos de testigos propuestos por el Ministerio Público –muchos de ellos sobrevivientes de las masacres– su negativa a aceptar parte sustantiva de la evidencia presentada por la defensa generó una respuesta acalorada de los abogados de Ríos Montt, Francisco Palomo, Danilo Rodríguez y Marco Cornejo, quienes acometieron en contra de la decisión, diciendo que la causa parecía “linchamiento” y protestando que la Corte “viola el derecho a defensa de nuestro cliente”. “No es posible entrar en un juicio sin expertos”, reclamó Palomo, “en especial si la fiscalía cuenta con 64 de ellos”.

El Juez Gálvez señaló que ellos habían sometido los nombres de expertos (tales como el general en retiro José Luis Quilo Ayuso) sin incluir sus análisis o informes de expertos, lo que los invalidó. El Juez también explicó que en vez de aportar documentos como evidencia, los abogados de Ríos Montt sometieron solicitudes a último minuto de registros del Ministerio de Defensa, que esperaban obtener con una orden judicial.

El Juez, en efecto, estaba señalando que el equipo de la defensa no había realizado el trabajo requerido por el caso. Cuando Palomo reclamó que no tuvieron suficiente tiempo para prepararse, el Juez replicó que el caso por genocidio en contra de Ríos Montt y sus oficiales principales se sometió originalmente en 2001. (Para antecedentes excelentes del caso en español, véase el resumen del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, (CALDH), una de las organizaciones representando a las víctimas del genocidio).

El Juez Gálvez también rechazó las objeciones del equipo de la defensa en cuanto a admitir planes y registros militares en conexión con la Operación Sofía, asalto militar violento al Triángulo Ixil, en julio y agosto de 1982, que resultó en la destrucción de los asentamientos Maya y la muerte de civiles. Al justificar esta decisión, señaló que la Corte Interamericana en repetidas veces había determinado que Guatemala no podía esconder evidencia ante los juicios por crimen de derechos humanos, con base en “secretos de estado”. Entre ellos, Gálvez citó la sentencia de la Corte por el asesinato en 1990 de Myrna Mack, “Caso Myrna Mack Chang v. Guatemala”, (25 de noviembre de 2003), en que la Corte escribió:

… en el caso de violaciones a los derechos humanos, las autoridades estatales no pueden recurrir a mecanismos tales como secretos de Estado o confidencialidad de la información, o por virtud del interés público o la seguridad nacional, de manera de evitar someter información requerida por las autoridades judiciales o administrativas, encargadas de una investigación o proceso pendientes. (Ver párrafo 180)

Los documentos y planes militares de la Operación Sofía, admitidos como evidencia por Gálvez hoy, es muy posible que pasen a desempeñar protagonismo en el esfuerzo de la Fiscalía por fundamentar las acusaciones en contra de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.

El caso por genocidio se traslada ahora a la Corte sentenciosa, “Tribunal Primero A de Mayor Riesgo”, que preside la Jueza Jazmín Barrios. En los días que vienen, el tribunal determinará cuándo comenzará la fase oral del juicio, muy probablemente en los próximos tres a cuatro meses.

Al Juez Barrios le ha tocado presidir algunos de los juicios más importantes sobre derechos humanos en Guatemala, incluso el de los oficiales militares en los casos del asesinato en 1990 de Myrna Mack, el asesinato del Obispo Juan José Gerardi en 1998, como también los casos de las masacres de Dos Erres y Plan de Sánchez.

La justicia avanza

En Guatemala se obtuvo un avance para la justicia el 31 de enero, con la apertura del caso criminal importantísimo a Ríos Montt, exdictador, por genocidio y crímenes en contra de la humanidad. Ríos Montt, junto a José Mauricio Rodríguez Sánchez, su jefe de inteligencia militar, son acusados de haber ordenado y supervisado una campaña sangrienta de contrainsurgencia mientras gobernaba entre 1982 y 1983, determinado a barrer las fuerzas guerrilleras y a quienes las apoyaban. La acusación inculpa a los dos generales en retiro, de responsabilidad por quince masacres en la Región Ixil, al noroeste del Departamento del Quiché, que provocó la muerte de 1,771 hombres, mujeres y niños desarmados.

La Fiscalía propone alrededor de 142 testigos –entre ellos, familiares de las víctimas y sobrevivientes de las masacres, así como 64 expertos, incluyendo analistas militares, cientistas forenses, antropólogos, especialistas, investigadores y sicólogos. Entre los documentos se incluye registros militares, planes de campañas de contrainsurgencia, informes de terreno enviados desde los lugares de las masacres a los comandos superiores, como también los resultados de investigaciones realizadas por la Comisión de Clarificación Histórica, auspiciada por las Naciones Unidas. En 1999, esta Comisión concluyó que 200.000 civiles murieron o desaparecieron durante el período de 36 años en conflicto. La comisión por la verdad también destacó que el ejército, policía y fuerzas paramilitares de Guatemala eran responsables de 93% de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra.

A Ríos Montt se le culpó de genocidio en enero de 2012. Sin embargo, un río de apelaciones, solicitudes de amnistía y otras tácticas delatorias por parte de la defensa, previnieron que el caso avanzara. Cuando el Juez Gálvez dictaminó el comienzo del juicio el lunes, rechazó 13 apelaciones que todavía estaban pendientes. Uno de los abogados de Ríos Montt, Francisco Palomo, refirió a los reporteros ayer, que el equipo legal prepara ahora una apelación a la decisión del juez por la apertura del juicio, al que llamó “linchamiento político”.

“No hay tal documento o testimonio, que pueda probar que mi cliente participó en los crímenes de los que es acusado por el Ministerio Público”, dijo Palomo. Se refirió a que los motivos del Ministerio Público en el caso, salen a relucir del hecho que está “lleno de ex guerrilleros”, referencia implícita a la Procuradora General, Claudia Paz y Paz, de quien los militares dicen que sus familiares eran miembros de la insurgencia.

La defensa parece descansar en su pericia para apartar la función de Ríos Montt como jefe de estado anterior, de los crímenes a los derechos humanos cometidos por sus soldados operando en terreno. La táctica ignora la famosa jerarquía militar estricta que operaba en tiempos culminantes del conflicto armado, con órdenes fluyendo del comandante en jefe hacia sus oficiales en las zonas militares, quienes a su vez enviaban de vuelta sus informes de los resultados de sus acciones, por intermedio de la estructura de comando.

Una de las piezas claves de la evidencia que será presentada por la Fiscalía es un conjunto de registros militares asociados a la Operación Sofía, una barrida de contrainsurgencia violenta a la región Ixil en julio y agosto de 1982. Los documentos de Sofía, que fueran obtenidos por el National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional) de una fuente confidencial en 2009, posteriormente autenticados y facilitados a los abogados del caso por genocidio, demuestran hasta qué punto las tácticas brutales usadas por las tropas que arrasaban por entre asentamientos Maya en búsqueda del enemigo, eran controladas por el alto comando de Guatemala. Los informes contienen referencias múltiples en cuanto a asesinato de civiles desarmados, pueblos asolados, matanza de animales, quema de cultivos, bombardeo indiscriminado de refugiados escapando de la violencia.

Los sobrevivientes de tales operaciones terrestres llevan treinta años luchando por reconocimiento y justicia, con el apoyo irrestricto del CALDH, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, la Asociación de Justicia y Reconciliación, AJR, como así también por parte de otras organizaciones locales e internacionales. La participación del National Security Archive comenzó en 1994, mientras se desarrollaban las conversaciones de paz, cuando el Archive organizó un proyecto de documentación, con el fin de obtener registros desclasificados de los Estados Unidos, que ofrecerían información nueva acerca de la historia oculta del conflicto en Guatemala, los mecanismos de la represión estatal y el accionar de los Estados Unidos en apoyo a la campaña de contrainsurgencia del ejército guatemalteco.

A seguidas del acuerdo de paz de 1996, la Comisión de Clarificación Histórica, con base en registros de Estados Unidos y Guatemala, como también de miles de testimonios, resultados de exhumaciones e informes de derechos humanos, abrió la puerta a la acción legal internacional en 1999, al declarar que en territorio Maya del país, entre 1981 y 1982, se registraron “actos de genocidio”, incluso en el Triángulo Ixil. La conclusión convenció a la destacada activista Maya, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, de presentar un caso por genocidio en la Corte Nacional de España, que fuera apoyado con testimonio experto y documentación por el National Security Archive.

Kate Doyle, Directora del Proyecto México. Sus informes de actualidad sobre el juicio se pueden obtener en el blog del National Security Archive.

Fuente: www.rebelion.org

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