Un dictador perseguido, un presidente preocupado

Le Monde diplomatique

Una primicia en América Latina: el 30 de enero se inició el proceso por “genocidio y crímenes contra la humanidad” contra el antiguo dictador guatemalteco Efraín Ríos Mont y el exresponsable de inteligencia militar José Mauricio Rodríguez Sánchez.

El general golpista Ríos Montt gobernaba el país desde hacía un año, cuando el 14 de marzo de 1983 un periodista del New York Times informó sobre su estancia en el país: “no hemos dejado de escuchar siempre la misma historia: soldados uniformados del gobierno llegan a un pueblo, reúnen a hombres y mujeres y los ametrallan. Pero aparentemente no derrochan balas matando niños. Los arrastran por los pies y les revientan la cabeza contra las paredes. O peor aún, les anudan una cuerda al cuello hasta que mueren estrangulados. Hemos oído que a algunos los arrojan al aire y los insertan con una bayoneta”. Para justificarse Ríos Montt solo responde: “Nosotros no practicábamos una política de tierra arrasada sino de comunistas arrasados”.

Ríos Montt fue derrocado a su vez en 1983. Pero su nombre permanece asociado al período más sangriento de la guerra civil guatemalteca (de casi cuarenta años y alrededor de 200.000 muertos y desaparecidos) durante la cual los militares guatemaltecos recibieron ayuda activa de la CIA (Central Intelligence Agency). Después de todo, ¿no había sido Washington quien había decidido derrocar al presidente Jacobo Arbenz, elegido en 1951 y culpable de haber promulgado una reforma agraria que condujo a la expropiación parcial de la empresa bananera United Fruit?

Tres años después de la firma de los acuerdos de paz de 1996, la Fundación Rigoberta Menchú iniciaba una demanda, sin éxito, ante la justicia española por “genocidio, torturas y crímenes contra la humanidad” contra Ríos Montt.

En esa época, la oligarquía terrateniente “tiene absoluto interés en que el caos se perpetúe” escribía en nuestras columnas Maurice Lemoine en mayo de 1996. Bajo el efecto de una singular reconciliación entre los actores del conflicto –a excepción de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)– Guatemala se convirtió poco a poco en “el país donde reina la derecha”. Tanto la impunidad como la criminalidad organizada se hallan instaladas: la violencia ha superado los niveles que había alcanzado durante el conflicto armado.

Luego de un primer estremecimiento en octubre de 2012, la apertura del proceso contra Ríos Montt y Rodríguez Sanchez constituye un primer éxito para las organizaciones de defensa de los derechos humanos y contra la impunidad en el país.

El gobierno del presidente Otto Perez Molina, un antiguo militar, ha rechazado hacer todo comentario. En 1982 Perez Molina participaba de las campañas militares emprendidas en la zona de Ixil, una de las más afectadas por la represión según la Comisión de esclarecimiento histórico (CEH) de las Naciones Unidas. “Dos documentos el plan de la campaña militar denominada “Plan Sofía”(1982) y el film Guatemala (1) muestran al general Pérez Molina actuando como responsable de las unidades militares de intervención en las comunidades de la región” recuerda Gregory Lassalle, quién agrega: “Conocido en épocas de guerra como “Comandante Tito” y como “Capitán Fosforito” por su predisposición a incendiar las casas en las aldeas que arrasaba. El señor Pérez Molina niega. “No hubo masacres. Cuando yo estuve allí, por el contrario la gente recuperó la moral. Mi presencia cambió las condiciones de la guerra en Ixil”

¿Le impulsará la justicia a revisar sus recuerdos?

Nota
(1) El plan Sofía es un documento de las campañas militares fechado en agosto de 1982, recientemente publicado
Fuente: http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2013-02-06-Guatemala-un-dictateur-poursuivi
Traducido del francés para Rebelión por Susana Merino

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