Terremoto en el mapa político

Por el Equipo de COPAE –

Los desastres naturales cobran dolorosamente vidas humanas y provocan millonarias pérdidas materiales, pero en el terreno social y político se vuelven anchas avenidas o precipicios de los gobiernos. El presidente Otto Pérez ha gestionado la emergencia, aunque está constreñido a ir más allá.

La administración de Otto Pérez ha enfrentado en el occidente indígena dos crisis que han sido típicas de todos los gobiernos democráticos a nivel nacional: asesinatos de alto impacto político y desastres naturales de cierta envergadura. La peculiaridad de estas crisis ahora es que los mapas político y natural coincidieron y se concentran en el tiempo, han ocurrido a poco más de un mes una de la otra.

El 4 de octubre fue la matanza de pobladores, declarada como fortuita y con cadena de mando identificada por el Ministerio Público (MP) hasta el oficial a cargo de la tropa militar. La indignación cundió entre los pueblos indígenas, cuya articulación se aceleró desde los actores sociales que quieren mutar progresivamente a la política: autoridades tradicionales y pequeña burguesía comercial.

El 7 de noviembre cayó un terremoto de 7.4 grados cuyos efectos demoledores se concentraron justamente en la zona de agitación política. En Totonicapán los alcaldes de los 48 Cantones están en férrea oposición tras la matanza y lo que consideran desmanes de los líderes tradicionales en la zona –los hermanos Arévalo– antes del FRG, ahora del Partido Patriota (PP); en San Marcos prevalece un sentimiento de ira contenida que por momentos se manifiesta contra las empresas minera y de electricidad, así como las iniciativas gubernamentales, incluyendo la reforma constitucional; en Sololá también hay muestras de descontento, sobre todo por actos de corrupción, igual que en Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz.
Desde la pasada campaña electoral, la región de occidente no fue fácil para el oficial PP. Salvo en Quetzaltenango, perdió las votaciones en la segunda vuelta de noviembre 2011 en todos los departamentos (en porcentajes): Totonicapán 43 por ciento, San Marcos 43.8, Sololá 46, Huehuetenango 47.5 y Quiché 47.7.

Los operadores gubernamentales no han sabido cómo atajar la conflictividad de la región. Levantaron un mapa de actores adversos, incluyendo líderes campesinos e indígenas tradicionales, y quisieron lisonjearlos, pero su éxito inicial se revirtió a partir de Totonicapán. La masa crítica de las comunidades está cada vez más atenta a la conducta de sus líderes en las alcaldías indígenas de Chichicastenango, Sololá y Totonicapán, mientras las autoridades tradicionales se han re-articulado a partir de Quiché en el resto del mundo indígena; desde Totonicapán hacia su circunferencia, y más recientemente desde Alta Verapaz.
Para ajuste de cuentas, en plena crisis de Totonicapán el Gobierno presentó al Congreso, por medio del Ministro de Energía y Minas, una iniciativa de reforma a la ley minera que parece redactada por magníficos abogados de las empresas extractivas, dispuestos a derramar combustible sobre la pradera seca de la conflictividad. La celebración del 13 Bak’tun, el 21 de diciembre, será otro momento crítico para el Gobierno, pues las comunidades y sus guías espirituales rechazan que los centros ceremoniales sean convertidos en “folclore de exportación”.

El Presidente ha tratado de administrar las emergencias. En el caso de la matanza de Totonicapán corrigió sus propias interpretaciones de los hechos, hasta entregar las armas de los soldados y aceptar la calificación del MP de que se trató de ejecuciones extrajudiciales. Retiró al Ejército de labores de contención social, aunque al desarrollar el Decreto 40-2000, en el Acuerdo Gubernativo publicado la semana pasada, a fin de regular la participación militar en tareas de seguridad interna, ha querido, ilegalmente, descargar toda la responsabilidad sobre la PNC.

Durante la siguiente semana al terremoto el gobernante ha estado sobre el terreno vigilando que las instituciones operen y atiendan eficazmente la emergencia. Los medios de comunicación masiva han dado cobertura a esa organización, destacando las labores de la vicepresidenta Baldetti y de Paniagua, director del Fonapaz, encargado de atender Quetzaltenango.

Más allá de las emergencias, sin embargo, los márgenes del presidente Pérez son reducidos. El sector empresarial más conservador ha tejido una red de influencia y condicionamiento que llevará más temprano que tarde al Gobierno a colisionar con las comunidades críticas de la minería y las hidroeléctricas. El cabildeo de agentes del corporativo G8 a favor de Pedro Muadi para presidir el Congreso en 2013, más los denunciados sobornos de diputados para aprobar sin lectura todo tipo de leyes, indican los alcances del poder empresarial.
Es previsible que en la etapa de reconstrucción la opacidad dé al traste la exitosa labor de emergencia actual. Gravosamente para la población, las catástrofes resultan oportunidad de negocios corruptos para funcionarios y financistas.
EQUIPO COPAE

Te gusto, quieres compartir