De fronteras indelebles y soberanías borrosas

Por Luis Solano y Rocío García, integrantes del Equipo de El Observador.

El objetivo de este trabajo es develar los intereses económicos y las dinámicas de poder  que subyacen en la concesión durante el gobierno de Álvaro Arzú y del entonces Partido de Avanzada Nacional (PAN), de los dos contratos petroleros que desde la década de 1990 fueron otorgados en el municipio de Livingston, Izabal, uno de los cuales había sido suspendido por el gobierno de Alfonso Portillo en el año 2001 y vuelto a reactivar en el presente año por el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP).

Las concesiones de estos contratos petroleros tienen varias características:

1.       Detrás están los intereses de la oligárquica y poderosa familia de los Campollo Codina, uno de los grupos corporativos que integran el G-8, el círculo que articula al de poder económico hegemónico en Guatemala en la actualidad, y quienes a través de la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA), administran dichas concesiones. Una cuestión importante es que los intereses petroleros de los Campollo Codina abarcan, incluso, hasta el territorio de Belice, a través de alianzas con capitales extranjeros, y cómo la Consulta Popular que está convocada para “resolver” el diferendo limítrofe entre Guatemala y ese país, tiene de fondo la presencia de una extensa zona salida al mar, en donde el petróleo es uno de los recursos más apetecidos.

2.       Una buena parte de estas concesiones se adentran en la zona protegida del Río Sarstún y del Lago de Izabal, involucrando a ONG ambientalistas que las administran y violando de por sí la Ley de Áreas Protegidas vigente desde 1989. Desde el análisis político de esa situación, los contratos petroleros están entonces asociados a la magnitud estratégica en la que se constituye el territorio de Livingston, afectando e invadiendo los derechos de las comunidades históricas  que se han asentado en él desde el siglo XIX.

3.       Precisamente, la lucha y las demandas y los derechos invisibilizados de estas comunidades y Pueblos Originarios  se ponen de relieve en el entramado de los intereses que se ponen a rodar con estas concesiones, en el contexto en el que el nuevo gobierno del PP ha lanzado y está promocionando una nueva ronda de 7 licitaciones petroleras para que los capitales nacionales e internacionales “inviertan en el desarrollo”.

4.       El análisis de estas concesiones en el territorio específico del municipio de Livingston, Izabal, revela como estas dinámicas de poder tienen lugar en otros territorios del país, relacionando los hechos sucedidos en Barillas; en San Rafael Las Flores; en San José del GolfoM; en Chajul; así como los recientes hechos sucedidos en Totonicapán, en el marco de la vigencia del modelo de acumulación capitalista imperante y la agenda de la competitividad en vigencia.

 

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