¿Pueden prevalecer los intereses sectoriales en la Universidad?

César Antonio Estrada Mendizábal.

En su obra Escritos universitarios, Ignacio Ellacuría afirma que la universidad no es un concepto unívoco sino análogo, es decir, se predica de sus sujetos en un sentido que en parte es idéntico y en parte es diverso. No hay una misma universidad para siempre y para todo lugar, y las condiciones históricas de la sociedad en que está inmersa deben ser tomadas en cuenta para el desarrollo de sus labores y el cumplimiento de lo que se espera de ella. Puede afirmarse que en un país como Guatemala la actividad educativa, científica y cultural –tomada la cultura en el sentido de cultivo de la realidad nacional– del Alma máter debe estar guiada por el aporte que le corresponde en los esfuerzos colectivos por lograr la liberación y la superación personal y social de sus habitantes, especialmente de las mayorías empobrecidas y marginadas.

Por otro lado, las personas que constituyen la Universidad Nacional y realizan las labores y funciones de la institución caen en diferentes categorías bien conocidas: profesores (independientemente de la proporción entre sus atribuciones y actividades como docentes y como investigadores), estudiantes y trabajadores administrativos y de servicios. En contra de la idiosincracia local, excluyo aquí tanto a los directivos o autoridades, pues generalmente han sido electos o nombrados para realizar durante un período determinado ciertas funciones supeditadas a los fines universitarios, y pertenecen ya a alguno de los grupos anteriores, como a los exalumnos o egresados (asociados en los colegios de profesionales) que, si bien, al igual que otros actores sociales, pueden coadyuvar en la buena marcha de la universidad, ejercitan su profesión distantemente o sin una relación estrecha con ella –lo cual les limita su conocimiento de la problemática y de las necesidades universitarias– y tienen intereses particulares, gremiales, laborales o políticos que con frecuencia son contraproducentes o no necesariamente redundan en una potenciación de las funciones ni en la consecución de los altos fines de dicha casa de estudios superiores.

Es importante recordar que la universidad, por ser una institución, esto es, un organismo que desempeña una función de interés público, debe estar al tanto de sus deberes ideológicos, políticos, educativos y culturales con las mayorías de la sociedad y responder a los mismos. Por ello, la comunicación con los múltiples componentes del cuerpo social le es esencial, y los ciudadanos individual o grupalmente tienen derecho a hacer oír su voz en el tratamiento y la discusión de lo que la colectividad espera de su casa de educación superior. Desde este punto de vista, ningún interlocutor racional e informado puede ser excluido antes de que sus argumentaciones sean examinadas, y tiene derecho, como guatemalteco, a ser escuchado y expresar sus sugerencias, ideas y aspiraciones acerca de lo que espera de su universidad.

Ahora que se está discutiendo la metodología para realizar una verdadera reforma de la Universidad (Nacional) de San Carlos de Guatemala que la lleve a cumplir sus fines y compromisos hacia el grueso de la población, se tiende a insistir en la división de la comunidad universitaria en sectores, esto es, en partes distintas con ideología, intereses y fines particulares y, quizá, hasta antagónicos entre sí, y se propone, entonces, que las deliberaciones y las decisiones se organicen y se realicen de tal modo que atiendan exclusiva o principalmente a esta división. Además, por si esto fuera poco, los procedimientos democráticos representativos y formalistas, más que los genuinamente participativos –donde la validez de los argumentos sea independiente de cuántos los sostienen– son también invocados y, así, se propone que cada sector tenga sus representantes designados por elección según los descompuestos, corrompidos y manipulables procedimientos electorales de la política partidista universitaria, formas tradicionales y conservadoras de lo político que han contribuido a la crisis actual. Estos representantes electos son quienes –amparados en la legalidad pero no necesariamente en la legitimidad ni en la idoneidad– se propone que se reunan con sus iguales de los demás sectores para conducir, determinar y decidir la reforma teniendo como guía y norte la consecusión de los intereses particulares de cada sector más que la transformación institucional y personal para la superación de los males que aquejan a la universidad y que le impiden lograr sus fines y cumplir sus responsabilidades con el pueblo y la sociedad guatemalteca.

Cada miembro de la universidad –profesor, estudiante o trabajador administrativo–, con sus respectivas características grupales de género, etnia, cultura u otras, desarrolla sus actividades y tiene experiencias que le dan una perspectiva propia de la estructura y funcionamiento de la institución, de sus problemas, vicios, virtudes y posibilidades. Su punto de vista es relevante y debe ser aportado y considerado. Además, es natural también que estos grupos tengan necesidades importantes que deban ser tomadas en cuenta, como las condiciones laborales, las prestaciones sociales, la disponibilidad de los recursos materiales adecuados y de instalaciones funcionales y el ejercicio de una gestión eficiente para el desarrollo de las labores universitarias. No obstante, debe tomarse en cuenta que las partes no pueden ir contra el todo, que un organismo no puede vivir si sus órganos pierden de vista los fines superiores que les dan sentido y persiguen sólo los propios sin ver los demás miembros del todo, es decir, que el objetivo final no debería ser tanto satisfacer los intereses sectoriales cuanto realizar los cambios necesarios para que la Universidad logre su fin último que es contribuir desde la cultura a la liberación y superación de las mayorías y de las personas individuales, hombres y mujeres, de este país.

Si consideramos que un aspecto esencial de la universidad es ser una institución educativa y democrática, que sus integrantes son educadores, educandos, trabajadores, todos con cierta educación y conciencia, es de esperar que encuentren la forma política adecuada que permita que no sean las partes aisladas las que determinen el todo, y que, más que la pertenencia a un sector, sean la inteligencia, la realidad, las circunstancias históricas y la razón, en su sentido más amplio, quienes tengan la última palabra en la determinación del rumbo y en la realización de la labor universitaria.

 

 

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