La respuesta a las demandas por el Desarrollo Rural Integral

Por Byron Garoz Herrarte –
garozbyron@gmail.com

Quien pensó que un gobierno de corte conservador como el ejercido por el Partido Patriota respondería de buena manera a las demandas históricas del movimiento indígena y campesino, se equivocó.

El carácter autoritario e irrespetuoso de la Ley por este partido y sus dirigentes se mostró desde que iniciaron la campaña electoral dos años antes del período establecido por la Ley Electoral y de Partidos Políticos; a lo cual se sumó el hecho que superaron el techo permitido de gastos de campaña en decenas de millones de quetzales, irrespetando las constantes denuncias populares y apercibimientos del Tribunal Supremo Electoral –por otra parte sin fuerza y sin mecanismos coercitivos para lograr su cumplimiento-.

El tratamiento dado a lo relativo a la problemática agraria y al Desarrollo Rural Integral mostró desde antes de que tomaran posesión que sería contrario a los intereses populares. Basados en una propuesta realizada por la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar, el gobierno, a través del Comisionado Presidencial para el Desarrollo Rural ha “acotado” el alcance de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) vigente por el Acuerdo Gubernativo 196-2009. Este acotamiento se refiere a que el gobierno impulsará dos acciones –en el fondo contradictorias- que a su criterio contribuirán a lograr mejoras en las condiciones de vida de la población en las áreas rurales: a) Economía campesina y b) Inversiones privadas en territorios rurales.

El impulso a la economía campesina parece restringida por el momento a medidas asistencialistas de entrega de alimentos, abonos químicos, aperos de labranza y arrendamiento de tierras (continuidad de las acciones del gobierno anterior) y no contempla componentes efectivos de acceso a medios de producción, particularmente la tierra, la tecnología y el crédito en condiciones favorables a las poblaciones rurales. Incluso la entrega de fertilizantes corre el riesgo de llegar de nuevo tarde a los agricultores, puesto que el proceso de compra llevado a cabo por el Fondo Nacional de Desarrollo (FONADES), ha sido objeto de múltiples denuncias de irregularidades, lo cual sin duda responde a las presiones de los diversos sectores y empresas que quieren beneficiarse de los negocios públicos.

El sujeto establecido tanto en la PNDRI como en la iniciativa 40-84 Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral (LSNDRI) es más amplio puesto que establece como sujetos de la Ley a “la población rural en situación de pobreza, pobreza extrema, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas con tierra insuficientes, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios rurales”. Son sectores y actores que se pierden o invisibilizan en la definición de economía campesina planteada por el gobierno y que limita la actividad hacia estas poblaciones a aspectos económicos. El planteamiento de la PNDRI va más allá y establece 10 áreas de acción en que se debe avanzar para el logro del Desarrollo Rural Integral siendo estas: Política Agraria; Política Agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica; Política Económica; Política Social; Política Laboral; Política de Participación social y desarrollo político; Política de Reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgo; Política de Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional; Política Cultural; y Política Socio Ambiental. Son esas diez Políticas las que dan el carácter de integral a la PNDRY y a la LSNDRI.

El componente b) Inversiones privadas en territorios rurales, se establece por el gobierno como el complemento del impulso a la economía campesina, y básicamente consiste en la promoción e impulso de megaproyectos y monocultivos en el área rural. La lógica de funcionamiento de este modelo ha mostrado con creces ser contrario a los intereses de las poblaciones indígenas, campesinas y sus formas de vida, por lo que ha sido ampliamente rechazado a través de casi 60 consultas comunitarias y más de 1.5 millones de personas. Se anuncian desde ya serios conflictos en el campo guatemalteco si no se corrigen a tiempo estas decisiones.

* Colectivo de Estudios Rurales Ixim

www.albedrio.org

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