Hacia una historia del movimiento social guatemalteco (1954-1978)

Por Jorge Murga Armas*

 Me parece necesario recordar el contexto en el cual se desenvolvía el movimiento social guatemalteco hace poco más de medio siglo, luego de que la United Fruit Company (UFCO), en confabulación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la oligarquía, la cúpula del ejército y de la Iglesia católica, depusieran en 1954 al presidente Jacobo Arbenz (1951-1954) acusándole de comunista. Se trataba del momento en que el movimiento sindical y campesino desarrollado fulgurantemente en los diez años de la Revolución democrática del 20 de octubre de 1944 (1944-1954), había sido desarticulado ferozmente por el régimen anticomunista de Carlos Castillo Armas (1954-1957); y del momento en que la Guerra Fría que entonces se expandía por el globo, empezaba a cobrar las primeras víctimas de un largo período de violencia política que en Guatemala no acabaría oficialmente sino hasta en 1996, luego de la firma de la paz entre el Gobierno de la República y las organizaciones guerrilleras reagrupadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Largo período que se tradujo en una guerra sangrienta de treinta y seis años cuyo saldo según cifras oficiales es espeluznante: 200,000 víctimas entre asesinados y desaparecidos; 1 millón de desplazados internos; 200,000 refugiados en el extranjero, principalmente en México; millares de viudas y huérfanos; y, como consecuencia, una sociedad fragmentada.

Ese largo período represivo fue el escenario de un importante movimiento popular que por su trascendencia debe ser recordado en cualquier análisis de la situación actual del movimiento social guatemalteco, pues fueron esos años de lucha y represión los que condicionaron modalidades de organización y lógicas de acción, los que favorecieron la emergencia de nuevas organizaciones sociales con nuevas reivindicaciones y los que, en pocas palabras, condicionaron la especificidad actual de los movimientos sociales guatemaltecos. Procedamos, pues, a hacer un breve recorrido por una parte de ese espinoso camino, sabidos de que un análisis completo de las lógicas y dinamismos de los movimientos sociales guatemaltecos sólo es posible en un estudio exhaustivo.

 

 

I. Contexto histórico de los movimientos sociales

 

Después de que el contexto político de la Revolución democrática favoreciera el desarrollo sorprendente de un movimiento sindical y campesino fuerte y dinámico (para 1949 se había reconocido la personería jurídica de 92 sindicatos), la toma del poder por un régimen anticomunista llevó al desmantelamiento casi total de las organizaciones que ya en 1954 habían logrado unificarse en dos grandes confederaciones.[1] En efecto, la política contrarrevolucionaria y anticomunista de Carlos Castillo Armas produjo una reducción ostensible e inmediata del movimiento social guatemalteco: en agosto de 1954, es decir, al mes siguiente de la toma del poder por los “liberacionistas”, fueron disueltas la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Confederación Nacional Campesina de Guatemala (CNCG), la Federación Sindical de Guatemala (FSG), el Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG), de Trabajadores de la UFCO, y el Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero (SAMF). Seis meses después, o sea, hacia marzo de 1955, existían solamente 35 sindicatos.

Esta disolución formal de las organizaciones sindicales, campesinas y populares, iba acompañada de medidas represivas que además de saldarse con la vida de una enorme cantidad de trabajadores afiliados a los sindicatos,[2] instituían métodos y mecanismos de terror y de control social que alertaban sobre el futuro de los movimientos sociales. Ciertamente, el Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo instituido para aplicar la Ley Preventiva Penal contra el Comunismo a través de Tribunales de Instrucción en toda la república, sería sólo una especie de premonición de lo que sucedería algunos años más tarde: gracias a los mecanismos represivos instituidos en los primeros meses de la Contrarrevolución, en efecto, alrededor de 12,000 personas fueron arrestadas y aproximadamente 2,000 dirigentes políticos y sindicales tuvieron que exiliarse para salvar sus vidas. La represión contra el movimiento social de esos años era tal, que la lista de “comunistas” que además de obreros, campesinos, dirigentes y activistas revolucionarios incluía a opositores y críticos del régimen, fue creciendo hasta alcanzar 72,000 personas el 21 de diciembre de 1954.[3]

Por otra parte, en coordinación con el Gobierno de los Estados Unidos que después de la intervención militar pretendía hacer de Guatemala una “vitrina anticomunista”, el Gobierno contrarrevolucionario con la asesoría de la AFL-CIO y la ORIT impulsa la creación de nuevas organizaciones susceptibles de reorganizar a los trabajadores y desplazar a los dirigentes simpatizantes de la Revolución. Así es como en 1954 se crea el Comité Nacional de Reorganización Sindical, la Asociación de Maestros Libres y, como componente esencial de un nuevo movimiento social de inspiración anticomunista, la Federación Sindical Autónoma (FAS) de orientación socialcristiana.

Sin embargo, la reacción de otros sectores del movimiento social frente a la embestida contrarrevolucionaria no se hizo esperar. En junio de 1956, en clara oposición al Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas que el 19 de marzo de 1952 en confabulación con la Asociación General de Agricultores (AGA) se había rebelado en Salamá, Baja Verapaz, contra la reforma agraria de Arbenz, los estudiantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) manifiestan públicamente para conmemorar las jornadas cívicas que en junio de 1944 derrocaron al dictador Jorge Ubico. Pero este hecho se salda con la muerte de cuatro estudiantes y al menos doscientas personas detenidas en pleno centro de la ciudad.[4]

En realidad, la estrategia contrarrevolucionaria aplicaba una doble lógica: por un lado se reprimía a las organizaciones de herencia revolucionaria; por el otro se creaban organizaciones de tendencias moderadas. En otros términos, se trataba de crear un sindicalismo “sin extremismos” similar al estadounidense que en Guatemala promovía el Consejo Sindical de Guatemala (CSG). Es en ese contexto que la FAS se inscribe legalmente en 1957 con el nombre de Federación Autónoma Sindical de Guatemala (FASGUA), y es en ese ambiente, también, que algunos dirigentes sindicales miembros del proscrito Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) regresan a Guatemala para trabajar clandestinamente en la reorganización del movimiento obrero.[5]

 

1. Contrarrevolución y luchas sociales

 

La crisis política de los primeros años de la Contrarrevolución desemboca el 26 de julio de 1957 en el asesinato de Carlos Castillo Armas. Es Miguel Ydígoras Fuentes (1958-1963) quien le sustituye a partir del 2 de marzo de 1958 luego de unas elecciones controversiales que hacían evidentes las pugnas por el poder dentro de la institución militar. Pero la corrupción extrema de su régimen, sumada a una política económica favorable a los empresarios y al capital estadounidense, provocarán nuevos conflictos laborales que justifican por parte del Gobierno mayor represión. El 20 de julio de 1960, en medio de los conflictos en varias instituciones públicas (seguro social, magisterio, municipalidades) y en el campo (donde los desalojos de fincas a campesinos no se detenían), y en medio de la rebaja salarial a los empleados públicos del 10% decretada por el Gobierno del nuevo hombre fuerte de Guatemala, se declara un estado de sitio que no logra contener el descontento popular. En agosto de ese año, efectivamente, la represión atroz de la policía y la Policía Militar Ambulante (PMA) a las protestas sociales deja cientos de heridos y detenidos en la capital.

Pero las luchas sociales habían alcanzado desde hacía varios meses dimensiones inesperadas. En respuesta a la represión, los estudiantes de posprimaria habían comenzado a desatar una serie de protestas contra el Gobierno y a coordinar su acción en la oposición. Luego de la fundación en 1959 del Frente Unido Guatemalteco Organizado (FUEGO), el cual reagrupaba a los estudiantes de secundaria de las más importantes escuelas e institutos del país, los jóvenes apoyados por los maestros declaran una huelga de alumnos que termina con la destitución de la Ministra de Educación y anuncia por lo demás las futuras luchas conjuntas de ambos movimientos. Se trataba en verdad de un momento candente cuya evolución no era difícil de prever: a pesar de que el presidente Ydígoras Fuentes había prometido reconciliación, la ausencia de soluciones a los problemas sociales, sumada a la represión de las protestas en una sociedad cada vez más militarizada, provocaba su radicalización. Ciertamente, después de que los jóvenes de FUEGO celebraran con aplausos el triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959, explotaron varias bombas en dos de los lugares simbólicos de la Contrarrevolución: la Embajada de los Estados Unidos y el Palacio Arzobispal.

Pero el descontento nacional no se reducía a las organizaciones sociales. En el ejército, varios oficiales molestos por lo que sucedía en el país y al interior de la institución, comenzaban a conspirar. El 13 de noviembre de 1960, como resultado de una conspiración fraguada por ellos en el seno de los cuarteles, se da la sublevación militar que en el curso de algunos meses propicia el surgimiento de las primeras organizaciones guerrilleras. Desde entonces, el escenario en que se desarrollarán las luchas sociales tendrá como telón de fondo la lucha ejército-guerrilla. En efecto, pocos meses después de sofocada la rebelión militar, es decir, durante los primeros meses del segundo semestre de 1961, los partidarios del régimen presentan el proyecto de Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas para su aprobación en el Congreso de la República. Con él se pretendía establecer un registro de las personas vinculadas al clandestino PGT, pero también de todas aquellas personas que colaboraran directa o indirectamente con cualquier tipo de organización considerada comunista. La dedicatoria de tal iniciativa de ley era clara. Los sindicatos, salvo aquellos de tendencia moderada, así como las organizaciones sociales más radicales, quedaban en la mira de la represión. Acusadas de atentar a la institucionalidad “democrática” por considerarlas “comunistas”, debían moderar sus acciones o atenerse a las consecuencias en un contexto donde la Constitución de la República misma decretaba que toda acción comunista individual o asociada era punible.[6]

Ese contexto, agudizado por el supuesto fraude en las elecciones de la mitad de diputados al Congreso de la República en diciembre de 1961 (en las cuales salió victoriosa una coalición comandada por el presidente Ydígoras), fue el que antecedió la realización de las célebres “Jornadas de Marzo y Abril” que, en 1962, propiciaría la conjunción de las luchas sociales. En efecto, la corrupción, la crisis fiscal y el supuesto fraude electoral de diciembre, llevaron a una serie de protestas de la oposición en las ciudades de Guatemala y Quetzaltenango que se saldaron con la detención de varias personas y la detención ilegal de varios líderes políticos y sociales (entre ellas, Mario Méndez Montenegro y Manuel Colom Argueta). Esto hizo que la Asociación de Estudiantes de El Derecho (AED) convocara a una manifestación el 19 de diciembre para protestar por las detenciones ilegales y la consignación de personas civiles a juzgados militares. En enero de 1962, algunos días después de que el ex-presidente Juan José Arévalo aceptara postularse como candidato para las próximas elecciones, una serie de atentados con bombas de poco poder destructivo que la opinión popular atribuía al mismo Gobierno antecedería a una huelga de los estudiantes de la Escuela Rural de Totonicapán y de la Escuela Normal Central para Varones. El FUEGO, que ya entonces accionaba en buena parte de escuelas e institutos, se uniría al movimiento llevando consigo a un mayor número de estudiantes, mientras que los dirigentes liberacionistas responsabilizaban a Ydígoras Fuentes por el ambiente político cada vez más encendido que se vivía en Guatemala.

Así, y en medio de la represión brutal a las luchas sociales que hacían converger cada día más a estudiantes y trabajadores, la AEU propone una huelga general para exigir la renuncia del presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Este acto de los universitarios constituía una amenaza real para el régimen, pues además de reclamar la renuncia del hombre que hasta ese momento lo sostenía, pedían la disolución del Congreso de la República, la derogatoria de la Constitución de 1956, la restitución de la de 1945 y, para dejar clara su posición, planteaban la aplicación de la reforma agraria  (acompañada de una reforma urbana) del Gobierno de Jacobo Arbenz. La situación para el régimen contrarrevolucionario era tanto más difícil cuanto que después de los hechos ocurridos el 26 de febrero (en los que la policía judicial asaltó la sede de FASGUA) y el 13 de marzo (fecha de protestas y enfrentamientos con la policía), los trabajadores que entonces decidieron apoyar al movimiento estudiantil constituyeron el Frente Obrero Nacional (FON) que reagrupaba a la FASGUA, el SAMF y el sindicato de la Empresa Eléctrica.

Aunque las protestas sociales bajaron de intensidad, las acciones de sabotaje de los estudiantes continuaban. El 12 de abril, sin embargo, el ametrallamiento desde un vehículo militar de un grupo de estudiantes de derecho que estaba en las puertas de la facultad, y que provocó el deceso de Armando Funes, Jorge Gálvez y Noé López Toledo, hizo que las protestas contra el régimen adquirieran más fuerza, aunque esta vez a través de la presión política que desde el Consejo Superior Universitario ejercía la Universidad de San Carlos de Guatemala. La posición de la universidad en contra del régimen no admitía ambigüedades: junto al pueblo, sus autoridades exigían la renuncia de Ydígoras. Mientras tanto, la huelga general se extendía a la municipalidad capitalina, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y a otras instituciones del Estado. En Puerto Barrios, el 24 de abril el sindicato de los ferrocarrileros se unía a la huelga paralizando por esa vía al país. Así fue como organizaciones de estudiantes, sindicatos, periodistas y varias mujeres opuestas al régimen constituyeron el Frente Cívico Nacional, uno de los tantos “frentes” que en el futuro la sociedad civil organizada tendría que formar para enfrentar las numerosas crisis políticas provocadas por la represión.

La represión, ciertamente, afectaba también al campo. Luego de la conformación de un gabinete militar para reprimir las movilizaciones de los estudiantes organizados en la AEU y el FUEGO, el régimen movilizó a 7,000 trabajadores de las fincas nacionales con el propósito de mostrar que contaba con su apoyo. Se trataba, en realidad, de un acto de demostración de la fuerza del nuevo gabinete militar que no vaciló en despedir a los 200 trabajadores que se negaron a participar. Advirtamos que una parte de los empresarios, especialmente los de la Asociación General de Comerciantes de Guatemala que se veían afectados por la política económica del Gobierno y la corrupción, apoyaban inteligentemente las protestas sociales. Ellos, al igual que la Asociación Agrícola del País que en abril se había sumado al movimiento en contra del régimen, pedían la renuncia del presidente y la integración de un Gobierno militar. Este no era el caso de la Cámara de Comercio que veía riesgosa la caída del Gobierno ante la posible ascensión de los “comunistas” al poder.

El saldo de esta crisis se estima en 100 muertos, cerca de 1,000 heridos y aproximadamente 3,000 detenidos.[7] Fue también el escenario en que surgió la primera organización paramilitar, el Frente Secreto Anticomunista, del tipo de los “escuadrones de la muerte” que desde entonces operarían en contra de cualquier persona sospechosa de antipatía al régimen.

 

2. Institucionalización del proyecto militar contrainsurgente

 

La represión de las luchas sociales no se detuvo allí. Militarización de las instituciones del Estado (después de la crisis, por ejemplo, Ydígoras nombra como Ministro de Trabajo al subjefe de la policía judicial, el coronel José Luis Aguilar de León), despidos a trabajadores (especialmente los de la SAMF que participaron en las protestas), prohibiciones (ya no se permitió la celebración del 1 de mayo), etc., fueron las acciones represivas inmediatas del régimen hacia los trabajadores. Pero las organizaciones sociales continuaban en aumento. A sólo unos cuantos días de la crisis, efectivamente, surge el Comité de Unidad Sindical que reagrupa a trece organizaciones obreras entre las cuales destacan el STIGSS, el SAMF, la FASGUA y la ATGR. En mayo mismo, en la línea socialcristiana, surge el Frente Cristiano de los Trabajadores de Guatemala que en vano intenta organizar a los 1,200 trabajadores de la Gran Industria de Neumáticos, GINSA.

En el campo, en medio de la contrarreforma agraria que desposeía a los campesinos de sus propiedades para entregárselas a antiguos o nuevos propietarios, los movimientos campesinos un tanto disgregados luchaban por mejores salarios: a pesar de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) había declarado en 1962 que el salario mínimo en Guatemala debía alcanzar los Q2.75, las fincas sólo pagaban Q0.80. Esto, además de los desalojos provocados por la contrarreforma,[8] creaba condiciones para que las incipientes guerrillas encontrasen apoyo en el seno del movimiento social. Pero la estrategia guerrillera centrada en el “foquismo” guevariano no se planteaba todavía la participación de las “masas” en lo que a partir de los años setenta sería la Guerra Popular Revolucionaria (GPR). Sin embargo, numerosos estudiantes, obreros y campesinos empezaban a engrosar las filas de la guerrilla.

Ciertamente, las incipientes guerrillas guatemaltecas comandadas en sus inicios por algunos de los oficiales del ejército sublevados el 13 de noviembre de 1960 (teniente coronel Augusto Loarca, teniente Marco Antonio Yon Sosa, subtenientes Luis Augusto Turcios Lima y Luis Trejo Esquivel), habían pasado a la acción armada el 24 de enero en la capital,[9] pero no se había propiciado todavía el encuentro definitivo con el movimiento social. En efecto, fundado el 6 de febrero de 1962 e integrado principalmente por jóvenes ex-oficiales, ex-sargentos y ex soldados, el Frente Insurreccional Alejandro de León Aragón-13 de Noviembre, no se había propuesto todavía incorporar a sus filas a elementos del movimiento social puesto que la lucha era sobre todo entre los militares sublevados y el ejército. Fue en realidad hasta después de las primeras experiencias del Frente Insurreccional Alejandro de León Aragón en la capital y en el oriente del país (Zacapa e Izabal) que las tres columnas guerrilleras comandadas por los ex-oficiales del ejército Yon Sosa, Trejo Esquivel y el ex-teniente Julio Bolaños San Juan se acercan al movimiento social. Obligados a regresar a la capital para reorganizarse, y en medio de las protestas de marzo y abril, crean el comando Marco Antonio Gutiérrez al mando de Luis Augusto Turcios Lima y en honor del estudiante de economía caído en los sucesos del 13 de marzo. Ahora bien, la recuperación del nombre del estudiante de la Facultad de Economía por los oficiales del ejército alzados el 13 de noviembre, era en realidad una forma simbólica de representar la naciente unidad en la lucha armada de los primeros guerrilleros y los elementos más radicales del movimiento social.

Desde antes de la conspiración del 13 de noviembre, en efecto, fue surgiendo entre varios guatemaltecos la idea de imitar la lucha guerrillera que había encabezado Fidel Castro en Cuba. La idea de la guerrilla estaba en el ambiente y, el 11 de marzo de 1962, un grupo de aproximadamente 23 combatientes dirigido por el coronel Carlos Paz Tejada tomó el camino de las armas. Pero las acciones del 14 de marzo en Concúa, Baja Verapaz, se saldaron con un fiasco: allí murieron trece de los veintitrés hombres que integraban el grupo[10] y fueron capturados además varios de sus elementos,[11] entre ellos el joven Rodrigo Asturias Amado, futuro comandante Gaspar Ilom de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), que, entre las décadas de 1970 a 1990, desarrollaría la Guerra Popular Revolucionaria junto con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).

Era en verdad un momento de proliferación de grupos guerrilleros en el país. Pero el que merece la atención en este momento es el que empiezan a organizar un grupo de estudiantes universitarios y de posprimaria: el Movimiento Revolucionario 12 de Abril, que tomaba su nombre de la fecha en que habían asesinado a los tres estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual daría origen a las primeras FAR. En efecto, a iniciativa del PGT que había enviado a tres de sus militantes a Cuba a recibir entrenamiento militar, y gracias a las becas otorgadas por el Gobierno cubano a una veintena de jóvenes de la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT), un grupo selecto de estudiantes guatemaltecos se había trasladado a la Cuba revolucionaria de Fidel Castro. Pero al poco tiempo de residir en la isla la mayoría de los jóvenes decidieron abandonar la idea de los estudios universitarios y dedicarse al entrenamiento militar que les ofrecía el Gobierno cubano para convertirse en guerrilleros. Cualesquiera que hayan sido las razones que llevaron a los estudiantes guatemaltecos a tomar esa decisión,[12] lo que deseamos destacar es que con ella una parte cada vez más numerosa de estudiantes, obreros y campesinos se radicalizaría tomando muchas veces el camino de las armas.

Después de que en enero de 1963 el ministro de la defensa Enrique Peralta Azurdia frustrara la participación en las próximas elecciones del ex-presidente Juan José Arévalo, y después de que el golpe de Estado del 31 de marzo le llevara a ocupar el cargo de Presidente de la República entre 1963 y 1965, el ejército asume plenamente el control del Gobierno. Así, y con el respaldo de los empresarios y terratenientes reagrupados en la Cámara de Comercio, la Gremial de Exportadores de Café (ANACAFE) y la Asociación Nacional de Cañeros, el nuevo régimen militar emite la Carta Fundamental de Gobierno que sustituirá a la Constitución de 1956. Suspendidas todas las garantías constitucionales, el nuevo régimen militar emite entre otros “decretos ley” el Decreto 9 denominado de “Defensa de las Instituciones Democráticas” que en realidad servía para consolidar el poder del ejército en el Estado y la sociedad. En efecto, además de instituir tribunales militares para juzgar los delitos que atentaban contra la seguridad del Estado, dicho decreto penalizaba con dos años de prisión la posesión de “literatura comunista”, con diez años cualquier forma de participación en el proscrito partido comunista, pero también legalizaba la persecución tanto de los organizadores de los trabajadores como de los miembros de los sindicatos.

Fue entonces cuando la sede de la FASGUA fue cateada y utilizada de cuartel durante varios meses, y fue en ese momento cuando su principal asesor, el respetado y valiente dirigente Víctor Manuel Gutiérrez, fue detenido por las fuerzas de seguridad. El anticomunismo que ya entonces había alcanzado el nivel de ideología de Estado, justificaba cualquier acción de los aparatos represivos en contra del movimiento social. Así, a mediados de abril la policía encarceló a tres miembros del SAMF por “medidas de seguridad” y, aunque en ese mismo mes se emitiera la Carta de Trabajo que fijaba salarios mínimos y establecía la obligación patronal de pagar el aguinaldo, los trabajadores y campesinos seguían viviendo las consecuencias de la Contrarrevolución.[13] Tanto más cuanto que la AGA y el recién estrenado Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se negaba a aceptar el pago de los salarios mínimos y el aguinaldo así como el del impuesto sobre la renta que se aplicaba ya en todos los países de América Latina.

No obstante que el Gobierno anunciara una política contra la corrupción y pese a que la política económica del nuevo régimen se sustentaba en el modelo de industrialización del Mercado Común Centroamericano (Mercomún), así como en la política desarrollista que contemplaba la colonización agraria masiva de tierras nacionales,[14] tanto las políticas agraria y laboral del régimen de Peralta Azurdia se caracterizaban por aplicar la doble lógica que hemos mencionado: por un lado se reprimía a los trabajadores y campesinos que luchaban por sus derechos; por el otro se implementaban medidas paliativas que sólo servían para contener la explosión social en ciernes. Ese es el caso, precisamente, de lo que hemos señalado anteriormente, pero también de lo que sucedía en esos mismos momentos en el campo.

En efecto, paralelo a la quema por soldados de las casas y cultivos de doscientas familias campesinas que se negaban a desalojar la finca que trabajaban, y paralelo al momento en que el azucarero Walter Withman despedía a cientos de familias por organizar un sindicato,[15] el Gobierno militar impulsaba proyectos de ampliación de la frontera agrícola en la Franja Transversal del Norte (FTN) y El Petén que, algunos años más tarde, luego de que militares, terratenientes y funcionarios del Gobierno se adjudican legalmente las tierras de las zonas de colonización que habían sido otorgadas previamente a los campesinos, serían el escenario de nuevos conflictos agrarios que llevarían a la radicalización de buena parte de ellos del lado de la guerrilla.

La situación de campesinos y sindicalistas era complicada puesto que además de los despidos de la UFCO[16] y la INDAUCO[17] el aparato represivo del Estado ligado a los partidos Institucional Democrático (PID) y Movimiento de Liberación Nacional (MLN), sostenidos ambos por los más sangrientos militares, terratenientes y empresarios, fortalecía las estructuras de contención de las luchas sociales: en 1964, ciertamente, se estrenaron los grupos paramilitares Juventud Nacionalista y Resistencia Popular Secreta que, al lado de las estructuras militar y policial, reprimían con toda impunidad a sindicalistas, campesinos y dirigentes políticos de la oposición.

En el campo y la ciudad, sin embargo, comenzaban a producirse fenómenos inesperados. En efecto, después de que la Iglesia católica guatemalteca encabezada por el arzobispo Mariano Rossell y Arellano librara una dura batalla contra los Gobiernos revolucionarios de Arévalo y Arbenz acusándolos de comunistas, las evoluciones ideológicas de la Iglesia contenidas en el Concilio Vaticano II celebrado entre 1962 y 1965, llevaron a una parte de religiosos principalmente extranjeros a comprometerse con la lucha por los pobres. En Guatemala, ciertamente, incluso antes de que Gustavo Gutiérrez proclamara la existencia de la nueva teología, los religiosos Marian Peter (Marjorie Melville) y Thomas Melville de la orden Maryknoll, concientizaban ya a algunos indígenas sobre su realidad, a la luz de las Escrituras y recurriendo al marxismo como instrumento de análisis.

Así fue como se produjo el encuentro entre el grupo de indígenas de Huehuetenango y Quetzaltenango que participaban en el proyecto Cráter y el comandante guerrillero Luis Augusto Turcios Lima. Este encuentro, que habría de darse gracias a los estudiantes de los colegios burgueses de la capital (Monte María, Liceo Javier, Liceo Guatemala) vinculados al proyecto Cráter, anunciaría el futuro giro ideológico de la Acción Católica Rural y la radicalización de buena parte de sus dirigentes y bases sociales indígenas. Pero el encuentro entre los precursores de la teología de la liberación en Guatemala y los guerrilleros que ya en esos años luchaban por hacer la revolución socialista, sería en realidad un episodio que prefiguraría lo que iba a ocurrir, aunque en otra escala, algunos años después. El proyecto cráter que había puesto en contacto a indígenas, estudiantes burgueses de la capital, religiosos y marxistas, a través de los cursos de capacitación social, desembocaría, luego de la denuncia del arzobispo Mario Casariegos al Gobierno de la república, en la represión del movimiento y la radicalización de los primeros sacerdotes.

Era en ese ambiente que se debatía el contenido de la nueva Constitución. Los empresarios, como de costumbre, mantenían posiciones sectoriales alejadas por completo de los intereses sociales: CACIF, por ejemplo, se oponía ardientemente a la obligación de reparto de utilidades de las empresas entre los trabajadores, no aceptaba la reinstalación forzosa de los despedidos sin razón y no admitía la indemnización universal ni el aumento de los días de vacaciones. Por su parte, el Consejo Agrícola Nacional advertía que cualquier intento de expropiación y distribución de tierras privadas a campesinos provocaría nuevos trastornos políticos. Aparte del hecho de que todas las peticiones de CACIF fueron atendidas favorablemente por la Asamblea Constituyente, el Gobierno de Peralta Azurdia pasó también a la historia por haber aprobado el nuevo Código de Minería preparado por asesores de la empresa estadounidense Exmibal, el cual le otorgaba todas las ventajas posibles para la explotación del níquel en el departamento de Izabal.

1965 es el año en que se aprueba la nueva Constitución. En ella se retoman varias de las garantías de la Constitución de 1945 pero se deja abierta la posibilidad de suspenderlas en caso de estado de sitio o de alarma. Aunque se limita la competencia de los tribunales militares (excepto en los casos de hechos armados en contra del orden establecido) también se limitan las garantías constitucionales. De hecho, el artículo 49 de la nueva Constitución insistía en que “Toda acción individual o asociada de carácter comunista, anárquica o contraria a la democracia, es punible.”

Ese fue el contexto legal y político que favoreció la militarización de los conflictos laborales en el campo. En efecto, luego de que los sindicatos de las fincas fueron considerados una amenaza comunista y que muchos de sus dirigentes fueron encarcelados bajo el argumento de que se trataba de una “medida preventiva”, el Gobierno de Peralta Azurdia introdujo policías secretos que se hacían pasar como trabajadores de las fincas con el fin evidente de identificar y capturar a los líderes campesinos. Sin embargo, y ante las dificultades encontradas por la policía para llevar a cabo su misión, el Jefe de Estado proclamó el decreto 30 por medio del cual ordenaba al ejército asumir las funciones de policía nacional en las fincas. Todo favorecía a los finqueros puesto que cualquier ayuda solicitada por ellos les era proporcionada sin contratiempos, mientras que la suerte de los “agitadores” del campesinado quedaba en manos del ejército. La crisis sindical llegó a tal extremo, que en 1965 la Organización Internacional del Trabajo registraba apenas 16 sindicatos campesinos en todo el país. Mientras tanto, el ejército reestablecía el reclutamiento forzoso de campesinos indígenas en varios departamentos del altiplano, con el fin de satisfacer los requerimientos de los propietarios de las plantaciones algodoneras de la costa sur que se quejaban de escasez de mano de obra para la cosecha.[18]

Se trataba de un retroceso total en las relaciones de producción en las fincas, puesto que el decreto 900 de la administración Arbenz, además de redistribuir la tierra entre los campesinos, había abolido definitivamente toda forma de trabajo forzado en el campo. Quedaba claro que el propósito de quienes decían defender la democracia no era tal, pues tanto el ejército como las otras instituciones del Estado estaban al servicio de los intereses de los grupos dominantes, fueran estos los terratenientes o grandes empresarios nacionales o extranjeros que operaban con toda impunidad en el país. Por otra parte, los métodos y prácticas represivas contra cualquier forma de organización popular hacían evidente el carácter sangriento del régimen militar. Ciertamente, el “caso de los 28” sucedido en la ciudad de Guatemala el 3, 4 y 5 de marzo de 1966, pocos días antes de las elecciones presidenciales y en un momento en que las FAR habían adoptado un cese al fuego unilateral para favorecer la realización de las reformas democráticas que anunciaba el régimen, confirmó que para el ejército ninguna negociación era posible. En efecto, aprovechando el relajamiento de la guerrilla, aquél monta una redada que termina con la captura, tortura y posterior asesinato de varios dirigentes y miembros del PGT, las FAR y el MR-13.[19]

La llegada al poder del abogado y profesor universitario Julio César Méndez Montenegro (1966-1970)[20] no cambió nada en realidad. Todo lo contrario. Luego del pacto con el ejército que le permitió acceder al poder,[21] el único presidente civil de la era de dictaduras militares que se extenderá hasta 1986 daría autonomía a las fuerzas armadas para ejecutar un plan militar contra la guerrilla. De hecho, cuando el Congreso de la República decide la elección de Méndez Montenegro en las “elecciones secundarias” que establecía la Constitución en caso de que el ganador de las elecciones no tuviera mayoría absoluta, el compromiso del “tercer Gobierno de la revolución” con el ejército ya estaba sellado. Aunque existieron diversas versiones de dicho pacto, todas coinciden en los puntos esenciales: el ejército de Guatemala garantizaba la entrega del poder público a los abogados Julio César Méndez Montenegro y Clemente Marroquín Rojas garantizando su permanencia en el ejercicio de sus cargos durante el período constitucional. A cambio, ellos se comprometían a cumplir con los artículos 27, 49 (párrafo segundo) y 64 de la Constitución, los cuales señalaban que “toda acción comunista y contra la actual democracia es punible”; a garantizar todos los bienes de los funcionarios civiles y militares del Gobierno de Peralta Azurdia y la garantía total de la autonomía del ejército.

Así fue como las políticas de Estado que ya entonces comenzaban a girar alrededor de la contrainsurgencia se institucionalizaron en un nuevo aparato militar. Si hasta ahora los métodos represivos se habían mantenido en lo tradicional (la violencia institucional se expresaba por medio de la acción represiva regular de los cuerpos de seguridad del Estado), con el Gobierno “civil” se hicieron evidentes varios cambios en la estructura del ejército —con Peralta Azurdia la colaboración del ejército con los planes contrainsurgentes de los Estados Unidos no se había dado como lo esperaban los empresarios guatemaltecos ni como lo deseaba Washington: se duplicó el número de efectivos del ejército; se crearon unidades especiales de contrainsurgencia dentro del esquema regular; se creó la Policía Militar Ambulante (PMA) para operar especialmente en las áreas rurales; la policía nacional y el ejército se integraron en una estructura militar de comando. Por otra parte, se organizó una red de comunicación moderna que cubría toda Centroamérica (con el apoyo de los Estados Unidos se creó el Consejo de Defensa Centroamericana, CONDECA, para coordinar las operaciones militares y policiales contra el comunismo y unificar el sistema de inteligencia de la región) y se instituyó la agencia presidencial de seguridad (Oficina Gubernamental de Telecomunicaciones) que coordinaría los recursos del órgano de inteligencia militar y policial.[22]

Con transformaciones importantes al nivel de la organización del ejército, 8,000 elementos adicionales en las filas regulares de las fuerzas armadas, más de 1,000 miembros formando la PMA y 9,000 comisionados militares (entre los cuales se encontraban finqueros, empresarios, guardaespaldas e incluso universitarios) regados en todo el país, el ejército ahora estructurado con fines netamente contrainsurgentes estuvo en capacidad de montar un aparato de inteligencia y de control rural para llevar a cabo la guerra contrainsurgente que desembocaría en la carnicería de los años siguientes.

En efecto, con el apoyo de las estructuras paramilitares del tipo de la Mano Blanca, la Nueva Organización Anticomunista (NOA) y el Consejo Anticomunista de Guatemala (CADEG), entre 1967 y 1968 el ejército lanza una campaña sangrienta en la capital y en el nororiente del país contra los supuestos integrantes, colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Así comenzaba una nueva ola de violencia que en el término de unos cuantos días dejaría cifras espeluznantes: en la semana del 27 de marzo al 1 de abril de 1967 fueron reportados 43 secuestros de los cuales se encontraron en un solo día 13 cadáveres diseminados por las calles. Por lo demás, 5 secuestros y 12 cuerpos torturados fueron el saldo del 12 de abril de ese fatídico año. Aunque se desconoce la cifra exacta de víctimas de esta terrible época de represión, hay quienes estiman que entre 1966 y 1968 murieron 8,000 personas,[23] mientras otros calculan en 20,000 el número de muertos hasta 1973. Cualquiera que haya sido la cifra real de víctimas, lo cierto es que en esos años las organizaciones sindicales, campesinas y populares sufrieron una de las peores embestidas de su historia.

La contrainsurgencia, sin embargo, no liquidaba totalmente al movimiento guerrillero. Operaciones relevantes de las FAR, como el secuestro del canciller Alberto Fuentes Mohr, del asesor laboral de la embajada de los Estados Unidos o del embajador alemán Karl Von Spretti,[24] a cambio de la liberación de guerrilleros capturados por las fuerzas de seguridad, anunciaban la persistencia de la insurgencia. Por lo demás, a principios de 1970 nuevas generaciones de guerrilleros salían del Instituto Rafael Aqueche, de la Escuela Normal Central para Varones y del Instituto Nacional Central de Varones. Esto estimularía la “acción pacificadora” del ejército.

 

3. La “acción pacificadora” de Arana Osorio

 

La represión de las organizaciones sociales que tenía lugar en el contexto de los enfrentamientos del ejército y la guerrilla no terminó allí. Con el coronel Carlos Manuel Arana Osorio en el poder (1970-1974), la “acción pacificadora” de su Gobierno cobraría nuevas víctimas en los centros urbanos, especialmente en la capital, donde las fuerzas represivas del ejército libraban una ofensiva contra la guerrilla. En medio de un estado de sitio casi permanente, el cual por otra parte tuvo que ser ajustado al estado de guerra civil para franquear el problema de tiempo que la renovación cada 30 días del estado de sitio le planteaba al Gobierno,[25] se profundiza la autonomía del ejército y la ola de terror que ya entonces golpeaba despiadadamente a la sociedad.

Pero el movimiento sindical no se detenía. Si es cierto que las organizaciones sindicales cercanas al Gobierno de Méndez Montenegro o ligadas a la Democracia Cristiana contaban con mayores posibilidades de organizar a los trabajadores, también es verdad que su trabajo le daba vida al movimiento social. Ciertamente, en enero de 1970, en medio de la transición de dos regímenes caracterizados por su alto nivel de represión, se constituye la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, la Central de Trabajadores Federados y la Federación Nacional de Comunidades Agrícolas e Indígenas y, en agosto de ese mismo año, se celebra el IV Congreso del Movimiento Campesino Organizado a instancias de los sindicatos cristianos.

Aunque la violencia tenía como propósito destruir la infraestructura de la guerrilla en la capital, la represión selectiva contra dirigentes políticos y sociales demostraba que se trataba en realidad de una estrategia represiva mucho más generalizada. Fue entonces cuando los escuadrones de la muerte asesinaron a dos miembros de la comisión investigadora formada para revisar la concesión otorgada por el Estado a la Empresa de Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal (EXMIBAL): el 26 de noviembre de 1970 fue ametrallado el profesor universitario Julio Camey Herrera, cuatro días después sufre un atentado que le deja gravemente herido el abogado y profesor universitario Alfonso Bauer Paiz y, el 13 de enero de 1971, es asesinado el diputado demócrata cristiano Adolfo Mijangos López. Ahora bien, el asesinato en octubre de 1971 del líder estudiantil Manuel Cordero Quezada motivará una enorme denuncia por parte del Frente Contra la Violencia.

La historia de esos años tiene registradas varias protestas y manifestaciones públicas en demanda de aumento salarial. En 1970, por ejemplo, una huelga de médicos y empleados administrativos del IGSS y otra de la Dirección General de Bienestar Infantil y de la Familia hacen evidente el crecimiento de la organización social. A tal punto que la huelga del seguro social adquiere dimensión nacional y cuenta con la solidaridad activa de otros sindicatos. Pero el anuncio de nuevos paros laborales hace que el Gobierno declare el primer estado de sitio de la década y aumente la represión.[26] Por lo demás, el asesinato del dirigente campesino Tereso de Jesús Oliva, secretario general del Movimiento Campesino Independiente, el 20 de enero de 1971, anunciaba la ola de terror y represión que se fraguaba en las filas del ejército contra los dirigentes del movimiento social.

Por otra parte, la formación de diversos sindicatos a principios de los años setenta motivaría una serie de despidos en la pasteurizadora La Pradera y en los laboratorios Bayer, pero la actividad sindical seguía creciendo casi de la misma manera como lo hacía la represión. Ciertamente, junio de 1972 registra el fin exitoso de la huelga de la empresa Autobuses Alianza Capitalina, pero también la desaparición dos meses después de su dirigente Vicente Mérida Mendoza. No obstante el fracaso de la huelga de 77 días de los trabajadores de la Compañía Industrial del Atlántico, S. A. (CIDASA), César Enrique Morataya, su secretario general, muere en un accidente de tránsito nunca esclarecido una semana después.[27]

Fue en ese contexto de auge y represión del movimiento social que se produce, en abril de 1973, la huelga del Frente Nacional Magisterial y de la Coordinadora Nacional de Claustros de Catedráticos de Educación Media, en demanda de aumento salarial. Efectivamente, empezando con paros progresivos que contaban cada vez más con el apoyo de otros sindicatos, los maestros llegan a declarar en julio una huelga general en diecinueve de los veintidós departamentos de la república. La amplitud de la huelga, su duración y la solidaridad que ella despierta en la sociedad la convierten en una de las acciones laborales más importantes de la década. Pero la represión del movimiento no se hace esperar: el 21 de julio, un escuadrón de la muerte amenaza a los principales dirigentes del Frente Nacional Magisterial[28] y, el 25, un grupo de maestros que se dirigen a la capital sufren otro extraño accidente.

Así, después de que la concentración de maestros del 27 de julio es disuelta por la policía, el 3 de agosto la administración Arana cede ante las exigencias del movimiento: aunque sólo otorga la mitad de lo reivindicado, el 25% de aumento salarial concedido establece una especie de record nacional puesto que superaba en mucho a lo logrado por otro sindicato desde 1954. Pero esta conquista, nuevamente, aumentó la violencia contra las organizaciones sociales. En el campo, ciertamente, en mayo de 1973 varios comuneros de Santa María Xalapán fueron asesinados (incluido su abogado Gregorio Fuentes) y un número importante de campesinos de las comunidades indígenas de Sansirisay fueron masacrados. Es en ese contexto que se crea en 1973 la Confederación Nacional Campesina, la Federación Nacional de Obreros del Transporte (FENOT), el Consejo Nacional de Consulta Sindical integrado por la FASGUA, la CNT (la cual comienza a distanciarse de la corriente institucional de la DC), el Frente Cristiano de Trabajadores de Guatemala (FTC) y la Federación de Sindicatos de Empleados Bancarios y de Seguros (FESEBS),[29] todos de orientación socialcristiana. Se trataba, en verdad, de un fenómeno que hacía evidente el crecimiento del movimiento social.

 

4. Desarrollo del movimiento social

 

Aunque son muchas las razones que explican el sorprendente desarrollo del movimiento social de esos años, en esta ocasión sólo queremos subrayar que después del terremoto del 4 de febrero de 1976 que dejó alrededor de 27 mil muertos, más de 77 mil heridos y un millón de personas sin casa, los efectos socioeconómicos y políticos de esa catástrofe sumados a los problemas estructurales de la sociedad (alta concentración de la propiedad de la tierra, altos niveles de explotación de los trabajadores, existencia de una oligarquía que concentra el poder y la riqueza, pobreza, etc.) sirvieron de factor movilizador de las organizaciones sociales que protagonizaron las más grandes y sangrientas jornadas de la historia del movimiento social guatemalteco. Pero, ¿cómo se explica el surgimiento de nuevas organizaciones, la recomposición de las ya existentes y la progresiva radicalización del movimiento social de finales de la década del setenta?

La Iglesia Católica y la Democracia Cristiana, decíamos, venían impulsando desde los años sesenta la organización campesina y sindical desde una perspectiva socialcristiana. Ella se había traducido en la conformación de cooperativas y ligas campesina hasta en los lugares más recónditos del país donde sólo la estructura eclesial a través de sus más progresistas elementos podía llegar, dando como resultado la conformación de un movimiento indígena-campesino con objetivos meramente desarrollistas, pero con una estructura organizativa susceptible de articular a las diversas Comunidades de Acción Católica en un único movimiento. Algo distinto pero con el mismo impulso socialcristiano sucedía en las áreas urbanas, donde los principales sindicatos del país se reagrupaban en federaciones o confederaciones que les permitían persistir en la lucha por mejores condiciones de vida no obstante la represión.

A pesar de la debacle de la guerrilla de los años sesenta, a principios de los setenta comienza a configurarse un nuevo movimiento guerrillero. En efecto, marcados por la experiencia anterior pero con la voluntad de construir organizaciones guerrilleras susceptibles de superar el foquismo guevariano de sus predecesoras e involucrar a las “masas” en la Guerra Popular Revolucionaria, un grupo de guerrilleros salidos de las antiguas FAR, deciden fundar lo que en el futuro será el Ejército Guerrillero de los Pobres y la Organización del Pueblo en Armas, con el propósito de incorporar a la población indígena hasta entonces excluida del proyecto revolucionario, el cual se libraba fundamentalmente en la capital y el oriente del país, con población predominantemente mestiza, ladina y criolla.

Ahora bien, este proyecto que en la práctica produjo la incorporación de muchos elementos indígenas del lado de las guerrillas, no puede ser comprendido si no se analiza el proceso de radicalización política vivido en el seno de la Iglesia Católica por muchos religiosos simpatizantes de la Teología de la Liberación. En efecto, las evoluciones ideológicas en el seno de la Iglesia latinoamericana luego de los planteamientos novedosos del Concilio Vaticano II y la reunión de Medellín (1968), habían favorecido que un grupo pionero de religiosos de la orden Maryknoll decidiera concientizar a un grupo de indígenas sobre su realidad, a la luz de las Escrituras y utilizando el marxismo como instrumento de análisis. Esto había dado lugar al primer encuentro entre guerrilleros e indígenas, a la represión del movimiento por parte del ejército y a la radicalización de los primeros religiosos del lado de la guerrilla.

Pero este primer encuentro sería en realidad el preludio de lo que sucedería diez años después. Gracias a las evoluciones ideológicas de la Iglesia en favor de los pobres, una cantidad importante de sacerdotes y religiosas de diversas órdenes se comprometen en la lucha revolucionaria que entonces libraba el EGP, la ORPA y las FAR. Esto facilitó evidentemente la incorporación de muchos elementos indígenas a las organizaciones guerrilleras, al extremo de que en 1978, luego de varios años de trabajo clandestino, surge el Comité de Unidad Campesina (CUC) impulsado por religiosos afines al EGP, cuya acción abarcará el corredor de las migraciones temporales y de la principal zona reclutadora de mano de obra campesina, y que intentará hacer converger a los campesinos de temporada (cuadrilleros) provenientes de las comunidades indígenas, con los obreros agrícolas mestizos y ladinos, permanentes (rancheros) o jornaleros (voluntarios), de las grandes plantaciones.

Algo similar aunque a través de formas y mecanismos distintos sucederá con los dirigentes y organizaciones sindicales que durante la segunda mitad de los años setenta toman partido del lado de la guerrilla. En efecto, y aunque todavía está por hacerse un estudio profundo que analice los métodos y mecanismos de incorporación de no pocos dirigentes sindicales a las organizaciones revolucionarias, es evidente que conforme algunas de las federaciones y confederaciones de trabajadores toman distancia de la orientación socialcristiana original, empieza a darse el encuentro con las posiciones más radicales del movimiento guerrillero. Así, y en medio de la represión del régimen del general Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978) que también empujaba a muchos sindicalistas del lado de las guerrillas, comienza a darse un proceso de radicalización política de un número indeterminado de dirigentes y trabajadores.

La represión, la pobreza, la certeza de transformar las estructuras injustas de la sociedad por la vía de la revolución, pero también la actitud de buena parte de patronos que se negaban a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, hicieron que muchos de éstos se comprometieran desde sus espacios y trabajando a distintos niveles de la acción social y política (organización, movilización, etc.) en el proceso revolucionario que comandaban militarmente las organizaciones guerrilleras. Pero este movimiento social que por lo demás hizo temblar las bases mismas del Estado, no dimensionó la crueldad de que eran capaces las fuerzas represivas. De hecho, en la medida en que las protestas sociales aumentaban, el terror contrainsurgente se hacía cada vez más masivo y despiadado.

En 1976, año en que se sucedieron el mayor número de huelgas urbanas y rurales en la historia de Guatemala, el ejército responde ejecutando diversas acciones represivas indiscriminadas contra la población sospechosa de apoyar a la guerrilla. Esto sucedió tanto en el campo como en la ciudad: En El Quiché, por ejemplo, el 19 de marzo de 1976 el ejército secuestró al presidente de Acción Católica de Nebaj, a todos los dirigentes de Acción Católica de Cotzal y a los directivos juveniles y adultos de Acción Católica de Chajul.[30] Según la Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE), por lo demás, entre febrero de 1976 y noviembre de 1977, el ejército asesinó a 68 líderes de cooperativas en Ixcán, 40 en Chajul, 28 en Cotzal y 32 en Nebaj.[31] Por otra parte, entre 1976 y 1980, después del despido de 154 sindicalistas de la Coca-Cola (Embotelladora Guatemalteca S. A.) y luego de la creación del Comité de Unidad Sindical (CNUS) el 31 de marzo de 1976, las fuerzas represivas asesinan y desaparecen a 12 dirigentes o miembros de base del sindicato, entre ellos los secretarios generales Pedro Quevedo y Quevedo, Manuel Francisco López Balam y Marlon Rodolfo Mendizábal.[32]

Sin embargo, el crecimiento del movimiento social era fulgurante: en diciembre de 1976 se constituyó el Comité de Emergencia de los Trabajadores del Estado (CETE). Se formó igualmente la Coordinadora Nacional de Pobladores (CDP) y, por iniciativa de la DC, el Movimiento Nacional de Pobladores (MONAP) que representaba a los barrios más pobres y marginados de la ciudad. Adicionalmente, la Asociación de Estudiantes Universitarios se unifica con diversos grupos de estudiantes de secundaria en la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media y el Frente Estudiantil Robin García.[33] Por otra parte, en marzo de 1977 se produjo la ruptura ya prevista de la CNT con la CLAT; en abril se creó el Frente Organizado de Sindicatos de Amatitlán (FOSA) y, en diciembre, el Comité de Emergencia de Trabajadores del Estado (CETE).

Tal proceso de organización y movilización popular hacía temblar las estructuras mismas del poder. Ciertamente, la historia registra entre otras huelgas y movilizaciones sociales la del ingenio Pantaleón en la costa sur y, en noviembre de 1977, la marcha de los mineros de Ixtahuacán, Huehuetenango, la cual, por lo demás, anunciaba la convergencia en la lucha social del campo y la ciudad, es decir, de campesinos, obreros, estudiantes y pobladores. Desde el año anterior, con la asesoría de la CNT, los indígenas mames de San Ildefonso Ixtahuacán (municipio cercano a la frontera con México) se habían organizado en sindicato y el anuncio del cierre de la mina de tungsteno y antimonio por parte de la compañía Minas de Guatemala, hizo que el 11 de noviembre de 1977 setenta de ellos emprendieran una larga caminata de protesta hacia la capital, la cual contó en su recorrido con el apoyo de cientos de personas de las comunidades vecinas a la carretera panamericana que se sumaron a la protesta. La marcha, según estimaciones de la prensa, reagrupó a 150 mil personas entre sindicalistas (incluidos los trabajadores del ingenio Pantaleón), estudiantes y pobladores, lo cual obligó al Gobierno a reaccionar prudentemente.

Si duda para evitar el riesgo que significaba que esta enorme masa de manifestantes llegara al Palacio Nacional, el Gobierno de Laugerud García acepta las demandas del sindicato antes de que aquéllos entren a la ciudad, forzando a la empresa a reabrir la mina, pagar los sueldos atrasados y negociar un contrato de trabajo. Esta marcha, que puso de manifiesto las duras condiciones de vida de los trabajadores del campo, se convirtió en un hito en la historia de las luchas del pueblo. La creciente unidad entre campesinos y obreros, buscada por las fuerzas revolucionarias que planteaban la “alianza obrero, campesina y popular”, fue evidente al año siguiente: el 1 de mayo de 1978, miles de campesinos y sindicalistas celebraron el día del trabajo con una marcha sin parangón, la cual sirvió de escenario para la presentación pública del Comité de Unidad Campesina (CUC), el cual cohesionaría de ahora en adelante a la mayor parte de movimientos rurales del país, incluyendo a las cooperativas y ligas campesinas.

Pero la represión del ejército ante el sensible crecimiento del movimiento sindical y campesino cobraría nuevas víctimas entre los líderes sociales y políticos: el 8 de junio de 1977, Mario López Larrave, abogado laboral, ex decano de la Facultad de Derecho y miembro del Consejo Superior Universitario, es asesinado; y, el 30 de junio de 1978, Hermógenes López Coarchita, párroco de San José Pinula, correría la misma suerte. La “masacre de Panzós” de mayo de 1978 en Alta Verapaz, en la cual murieron 53 campesinos q’eqchi’ que demandaban tierras y denunciaban los abusos de finqueros y autoridades locales y militares de la zona, inauguraría el comienzo de una espantosa serie de masacres contra las comunidades indígenas del altiplano occidental y noroccidental supuestamente vinculadas a las guerrillas.

Señalemos además que durante el régimen de Laugerud García también el movimiento social urbano tuvo un enorme crecimiento. “119 huelgas y paros en los que se involucraron más de 100,000 obreros” dejando un saldo desfavorable para los capitalistas de “más de un millón de días no trabajados”,[34] dan cuenta de ello. Ahora bien, aunque la radicalización del movimiento social parecía explicarse únicamente por el resultado adverso de la mayoría de sus luchas, y aunque los informes de recuperación de la memoria histórica sean bastante discretos al señalar la influencia de las guerrillas sobre aquél,[35] era evidente que la convergencia con las organizaciones revolucionarias influenciaba su accionar. A tal punto que para los años más sangrientos de la represión sectores importantes del movimiento social llegaron a plantear la transformación del sistema por la vía de la revolución.

 

 

 

 

 

 

 

 



* Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala (IIES-USAC), Doctor en antropología y sociología de lo político (Universidad de París VIII).

[1] Se trataba de la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) que, bajo la dirección de Víctor Manuel Gutiérrez llegó a aglutinar a 90,000 miembros, y la Confederación Nacional Campesina de Guatemala (CNCG) encabezada por Leonardo Castillo Flores, la cual se había expandido rápidamente hacia los departamentos de la república.

[2] Para febrero de 1955, por ejemplo, la CGTG reportaba 217 casos de personas asesinadas.

[3] ODHAG, Guatemala: Nunca Más: El Entorno Histórico, t. III, Guatemala, 1998, p. 17.

[4] Los estudiantes asesinados en la 11 calle y 6ª. Avenida de la zona 1 fueron Álvaro Castillo Urrutia, Salvador Orozco Pineda, Julio Arturo Rosales y Julio Juárez. Los crímenes, como tantos otros más en el futuro, quedaron en la impunidad.

[5] Entre otros, hoy se sabe de Miguel Valdez, José Luis Ramos y José Alberto Cardoza.

[6] Véase el artículo 62 de la Constitución de la República de Guatemala decretada el 2 de febrero de 1956 por la Asamblea Nacional Constituyente.

[7] ODHAG, op. cit., p. 31.

[8] Alrededor de 20,000 familias campesinas fueron afectadas a principios de 1963, luego de que el 4 de enero el Gobierno anunciara la disolución del Departamento de Fincas Nacionales. Por lo demás, en junio de 1963 fueron desalojadas por la UFCO 200 familias de El Semillero, Escuintla.

[9] Ciertamente, en esa fecha asesinaron al jefe del Departamento de la Policía Judicial, Ranulfo González Ovalle, apodado “siete litros”, a quien consideraban el principal responsable de la muerte en julio de 1961 del teniente Alejandro de León Aragón, uno de los líderes de los “trecistas”.

[10] Octavio Reyes Ortiz, José Mauro de León, Francisco Barrios de León, Brasil Hernández, Marcial Asturias, Amado Izquierdo, Alfonso Jocol y (Julio) Roberto Cáceres (el patojo), del PGT; Rodolfo Séller Plaja y Carlos Toledo Hernández, de la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT); Moisés Quilo, Guillermo Grajeda y Jaime Facundo Reyes, del PURD. ODHAG, ibid., p. 33.

[11] Según la Secretaría de Información de la Presidencia, en esa ocasión también fueron capturados Julio René Rodríguez Aldana, Leonardo Figueroa Hidalgo y Raquel Archiva Ortiz. La ODHG agrega los nombres de Leonardo García Benavente, Hugo Rodríguez y Eduardo Aragón. Por estar supuestamente relacionados con esos sucesos, según la ODHAG, fueron aprendidos también: Eduardo García Aragón Gómez, Eduviges Aragón Ortiz y el capitán Irineo Lokom Marzer. Carlos Paz Tejada no pudo ser capturado. Ibid.

[12] Existe en realidad dos versiones: la de José Manuel Fortuny, representante del PGT en Cuba, la cual afirma que los encargados cubanos presionaban e inducían a los estudiantes guatemaltecos para que se inclinaran por los cursos militares. La de Julio César Macías (César Montes), la cual sostiene que desde Guatemala la JPT había sugerido a los estudiantes recibir el curso militar en lugar de estudiar una carrera universitaria. Véase ODHAG, ibid., p. 35.

[13] En el campo, por ejemplo y según Censo Agropecuario de 1964, la cantidad de tierra por propietario de parcela se había reducido de 1.3  a 0.8 hectáreas y, mientras el 62.6% de la superficie cultivable estaba bajo posesión del 2.1% de los propietarios de fincas, el 98% de los campesinos tenían solamente 37.4% de la superficie cultivable. Esto equivale a decir que las condiciones en el campo no habían cambiado desde 1950.

[14] Se trataba del Plan de Desarrollo de Guatemala (1965-1969) que preconizaban las agencias internacionales.

[15] Withman, además, crearía su propio sindicato con el apoyo de su administrador, el coronel y comisionado militar de la finca Pedro Cardona.

[16] En agosto de 1964 la UFCO suspendió la producción en Tiquisate dejando cesantes a 2,500 trabajadores.

[17] Siempre, en 1964, la empresa constructora INDAUCO detuvo temporalmente sus operaciones y despidió a todos los trabajadores para evitar el pago de sus reivindicaciones.

[18] ODHAG, op. cit., pp. 42-43.

[19] Entre otros, Leonardo Castillo Flores, miembro de la Comisión Política del PGT, Francisco Amado Granados (Rudy, de la dirección “tracista”), Leonardo García Benavente y Humberto Pineda (PGT), Víctor Manuel Gutiérrez, fundador y dirigente del PGT desde 1949, Iris Yon Cerna, pariente del Comandante Marco Antonio Yon Sosa, Eunice Campirán de Aguilar, mexicana que había llegado a Guatemala para averiguar sobre su esposo David Aguilar Mora, miembro del grupo trotskista del MR-13, Víctor Manuel Palacios y Raúl Alfaro (PGT) y Fernando Arce Berhens. Véase ODHAG, op. cit., p. 45.

[20] Julio César Méndez Montenegro había sustituido a su hermano Mario a la cabeza del Partido Revolucionario (PR) luego del suicidio no aclarado. Julio César gozaba de mucho prestigio en el movimiento octubrista pues había formado parte del grupo de 14 estudiantes universitarios que ingresaron a la Guardia de Honor junto con el capitán Jacobo Arbenz la medianoche del 19 de octubre de 1944, lo cual precipitó la renuncia de Ponce Vaides, sucesor del dictador Ubico en el poder. El prestigio de Julio César así como el slogan utilizado por el PR durante la campaña prometiendo hacer “el tercer Gobierno de la revolución”, había creado grandes expectativas entre los revolucionarios octubristas que se disponían a celebrar el triunfo.

[21] Las elecciones del 6 de marzo de 1966 fueron ganadas por el candidato del PR Julio César Méndez Montenegro con el 43.9% de los votos. Sin embargo, la Constitución de 1965 estipulaba que el ganador debía tener mayoría absoluta o atenerse a la decisión del Congreso de la República en las “elecciones secundarias” que debían desarrollarse posteriormente. Aunque se desconocen las razones que llevaron a Méndez Montenegro a firmar el pacto con el ejército, todo parece indicar que fue la incertidumbre que le provocaba la composición del Congreso de la República y las presiones del ejército que no vacilaba para mantener el control del Estado, las que llevaron a Julio César Méndez Montenegro a firmar el pacto con la institución armada para ejecutar un plan militar contra la guerrilla.

[22] ODHAG, op. cit., p. 49.

[23] Fue en marzo de 1967 cuando el poeta Otto René Castillo y su compañera Nora Paíz, miembros de las FAR, fueron capturados, torturados y asesinados por miembros de la zona militar de Zacapa. Además, en ese mismo año fueron asesinados cien hombres en las afueras de Río Hondo, Zacapa, por supuestos vínculos con la guerrilla. Ibid., p. 55.

[24] El caso de Von Spretti fue especial. Ante la negativa del Gobierno de cambiarlo por quince guerrilleros de las FAR detenidos, aduciendo que no los tenía en su poder, en abril de 1970 las FAR negociaron con el Gobierno de Alemania el pago de un rescate por la liberación del diplomático. Por razones que aún se ignoran, Von Spretti apareció sorpresivamente asesinado antes del pago de los US$700,000 acordados.

[25] Para salvar el problema legal que la renovación cada 30 días del estado de sitio planteaba al régimen, el 11 de diciembre de 1970 el nuevo régimen militar promulgó el decreto gubernativo 4-70 por medio del cual el Estado admitía la existencia de un estado de guerra en el país.

[26] Aunque no se cuenta todavía con estudios prolijos sobre la violencia en esos años, uno de los más completos señala 724 asesinatos y 562 secuestros o desapariciones en todo el país. Véase Gabriel Aguilera Peralta y Jorge Romero Imery, Dialéctica del terror en Guatemala, EDUCA, San José Costa Rica, 1981.

[27] CEH, op. cit., p. 159.

[28] La Hora, 21 de julio de 1973.

[29] ODHAG, ibid., p. 78.

[30] La Comisión para la Esclarecimiento Histórico reporta que entre febrero de 1976 y noviembre de 1977 el ejército asesinó a 143 directivos y catequistas en el área Ixil y del Ixcán. Véase CEH, op. cit., p. 162.

[31] Iglesia Guatemalteca en el Exilio, Guatemala, seguridad, desarrollo y democracia. Informe abierto sobre Guatemala, Guatemala, 1989, pp. 36-39.

[32] Ibid.

[33] En honor al líder estudiantil Robin García capturado y desaparecido por la policía el 29 de julio de 1977.

[34] Ibid.

[35] Nos referimos especialmente al del Arzobispado de Guatemala y al de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Deja una respuesta

anuncios google

Publicidad

Log in