Acerca del desorden y el caos

Omar Marroquín Pacheco /PúblicoGT

Para los autores del pensamiento social clásico que formularon el orden como ejercicio teórico, en las actuales circunstancias tendría que ser problematizado, para poder diferenciar lo que fue la preocupación clave del pensamiento social clásico. Todo el desorden causado por las distintas circunstancias que les toco vivir a cada teórico social en particular, terminó por construir un nuevo orden social.

Fue a partir de los años 40 de la posguerra que se desarrolla el paradigma parsoniano, que respondiendo al clima intelectual de la época, desarrollo una profunda teoría del orden.

Existe un sistema de valores comunes en una sociedad bien integrada, que gobierna las acciones de todos, en virtud que la sociedad es lo suficientemente fuerte para socializar a todos en ese sistema.

La gobernabilidad sería un problema de integración normativa y la inestabilidad (desorden, conflicto, revolución) se explicarían por procesos de ruptura normativa, que tienen previstos mecanismos de restitución del consenso valorativo.

La cohesión y el ordenamiento de la sociedad constituyen el aspecto fundamental del ejercicio del poder, su objetivo natural, por lo que la obsesión por el orden (y su permanencia) resulta una actitud defensiva de quienes lo ejercen. Por lo cual su manutención ya no puede ser vista solamente como una crisis política, sino como una responsabilidad de toda la sociedad.

Ingobernabilidad y crisis quedan anudadas y confundidas en las andaduras de los actuales procesos políticos, para calificar en esta época la creciente insuficiencia estatal para institucionalizar los conflictos.

La inestabilidad crónica de la democracia, en el pensamiento marxista se originaría en la caída de las tasas de ganancia, la sobreproducción y sobre todo el trabajo asalariado y la competencia derivada de la apropiación privada de la ganancia, todo esto llevaría a una contradicción insalvable entre clases, y luchas políticas des ordenadoras de la vida política, que confirmaría la tesis de que la democracia burguesa y el capitalismo mantienen una relación tensa entre sí, precaria e irresoluble en el fondo.

Pareciera que la democracia al perfeccionarse sé deslegitimara, todo esto ocurre en un Estado cuyo poder de intervención y dirección están cuestionados y de hecho disminuidos.  Para poder hacer frente a la codicia y demanda de los ciudadanos, sería necesario un poder no sometido a las garantías de un Estado de derecho, que actuara en consecuencia (con arbitrariedad) libertad del poder autoritario, el más conocido de los politólogos conservadores MA. Huntington recuerda que lo que los marxistas atribuyen equivocadamente a la economía capitalista, es en realidad una consecuencia del proceso político democrático.

La pérdida de confianza que se da entre los electores y sus partidos, entre la ciudadanía y las políticas estatales, es decir todo lo que queda sin cumplirse en una sociedad democrática, produce estados de ingobernabilidad. Y como este tipo de democracia no limita la participación popular, el resultado es una desconfianza hacia la democracia misma.

Son las instituciones políticas democráticas las que generan los conflictos y son ellas, también las que pueden canalizarlos y resolverlos.

Hoy en día está de moda condenar al populismo como antecedente del autoritarismo. También hay que recordar que ha sido ésta la primera y única experiencia en Latinoamérica y el Caribe, de ampliación de la participación con redistribución de la riqueza sin revolución. Con estos antecedentes, los problemas del orden y el control social han sido en Latinoamérica y el Caribe, desafíos del proceso de modernización política, aun a costa de su déficit democrático y sin justicia social. El tema de la gobernabilidad constituye menos una novedad conceptual que una manera distinta de referirse a un viejo problema.

En la década de los 70, las crisis se originaron en una anomalía política e ideológica de la misma clase gobernante, cuya incompetencia para dirigir y ordenar la sociedad, la convertiría en débilmente hegemónica, incapaz de infundir sus intereses de clase particulares con los intereses universales que el Estado-Nación representa.

En el desarrollo de la democracia, se producen grandes contradicciones, en las cuales el gobierno aplica severas medidas de rescate de los desequilibrios macroeconómicos, de políticas económicas de estabilidad y ajuste que empobrecen a la ciudadanía y la desmoralizan. Es en ese marco de contradicciones, en que se desarrollan los experimentos de gobernabilidad en Latinoamérica y el Caribe.

La síntesis de ello es que antes los conflictos se realizaban en un espacio público limitado o, al producirse, lo hacían al margen de los mecanismos institucionalizados.  La construcción de una nueva rutina legal y pacífica es un aprendizaje difícil para todos: dominantes, fuerzas intermedias y dominados, mientras tanto, la sociedad ingobernable tiene que adecuarse a un poder político que en el pasado también fomentó el desorden.

El Estado refleja, protege y regula las actividades del ciudadano, de la sociedad civil. Los nudos problemáticos parecieran entonces, por un lado, reformar el Estado para hacerlo más eficaz, o reformar la sociedad para educar al ciudadano en el sentido de alcanzar por medios políticos (o culturales) su libre adhesión al orden político, es decir, la obediencia de las masas por medios políticos, que es el problema de la legitimidad.

Cualquier cambio que se haga en la FAS del Estado, tiene que alcanzar los ámbitos políticos y culturales pero básicamente los económicos, según la propuesta hobbesiana, el equilibrio se alcanza por la vía política.

La desconfianza hacia la política se traslada como desconfianza a la democracia, por ello el problema de la gobernabilidad está aunado a otro de tipo de crisis, la construcción de democracias en sociedades pos autoritarias y empobrecidas, problema que presenta dos dimensiones constitutivas, la eficacia y la legitimidad.

La estrategia electoral no crea lealtad de masas hacia el orden político y por lo tanto no aparece la legitimidad de la autoridad como su resultado. Para que sean legítimos los gobiernos pos-autoritarios, en las actuales circunstancias tienen que ser doblemente eficaces en el sentido de competencia técnica y administrativa, por un lado, y de voluntad política para enfrentar aunque no resolver plenamente, los problemas sociales de la pobreza y la exclusión, solamente el buen gobierno puede volver legítimos, la gobernabilidad exige una nueva fuente de legitimidad, apoyada en las exigencias de las mayorías, en su participación libre, que buscan que sus carencias elementales empiecen a ser atendidas y satisfechas.

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