Trabajo y acuerdos comerciales

Helmer Velásquez

En una reacción no calculada por el empresariado nacional, pese a estar prescrito en el Capítulo XVI del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos de América, República Dominicana y Centro América, el Ejecutivo norteamericano ha pasado de ser un férreo opositor a la organización y libertad sindical –por considerarla contraria a sus intereses y proclive al comunismo– a garante de la libre organización y derechos de los trabajadores guatemaltecos. Actitud que ha provocado un sentimiento de abandono y lamento no oculto de sectores empresariales y Organismo Ejecutivo. Este último ha expresado escozor y agravio, a través de la actitud plañidera del Ministro de Economía, quien en un arranque de nacionalismo ha rechazado la integración de un panel de arbitraje laboral del cual, vistos los hechos, saldremos eventualmente condenados.

Es injusto, expresan los beneficiarios del DR CAFTA (exportadores de productos tradicionales y no tradicionales), que se pretenda exhibir al país frente al mundo como un violador sistemático de los derechos de los trabajadores. Vaya cinismo. Sus lamentaciones y malayas clamando por el gobierno de Bush que no sorprenden tanto. Lo que realmente nos deja perplejos es que ni la empresa privada ni el gobierno expresen intencionalidad alguna de enmendar su proceder en materia laboral. Dennos tiempo, imploran. No les han bastado 290 años de vida Republicana para romper la impunidad laboral. Las reacciones empresariales evidencian, una vez más, que tenemos un empresariado atrasado, que pretende que el régimen mercantilista y de explotación servil se perpetúe por los siglos de los siglos. Esta actitud anacrónica del empresariado nacional confirma que el salto a la modernidad, que se pregona ha realizado Guatemala, estriba –estrictamente- en la globalización de los capitales criollos. Una democracia funcional. Mientras, el Estado permanece cautivo.

En la otra cara de la misma moneda se reporta que las exportaciones subieron 25 por ciento durante el primer semestre de este año (elPeriódico, 12 de agosto de 2011), es decir que los negocios al exterior marchan boyantes de donde deviene lógico que no es por falta de capitales acumulados que se niega el pago del salario mínimo y la organización sindical. Se trata de simple y llana avaricia. Ganancia a cualquier costo, cuyo sustento ideológico de corte feudal se finca en la discriminación y desprecio del trabajador. Se concibe a este como un mal necesario. En conclusión, y al margen de mi concepción de soberanía, es evidente que el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG-, al movilizar sindicatos y órganos federales del trabajo en el norte, ha puesto en el avispero a los empresarios de la impunidad.


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