Dell’Anese: “Lucha contra impunidad inicia con “intocables””


Por Sandra Weiss –

Así lo expresa categóricamente Dell’Anese, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

En tiempos de la guerra civil, desde esta casona elegante en la Zona 14 de la capital de Guatemala despachaban los marines de Estados Unidos. A los muros, de unos tres metros de altura, sus nuevos inquilinos, miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), le añadieron unos alambres con tejido que impiden a cualquiera ver lo que ahí sucede. Afuera, un policía privado observa los movimientos en la calle, comunicado por un headset con sus colegas desperdigados dentro y fuera de la casa. Una vez cruzada la puerta blindada de la entrada hay que pasar por un detector de metales y sortear el olfato de dos perros entrenados para encontrar explosivos. Los celulares se tienen que dejar en unos pequeños armarios antes de cruzar el bien cuidado jardín para finalmente llegar al amplio despacho de reuniones donde el comisionado Dell’Anese nos recibe.

El costarricense ha tomado el relevo de su muy mediático y polémico antecesor, el español Carlos Castresana, quien dejó la misión hace un año, cuando denunció la infiltración de las mafias en las altas esferas del Estado, falta de apoyo y una campaña de desprestigio en su contra. Castresana dormía incluso en ese edificio que parece un búnker en permanente Estado de excepción.

La CICIG fue creada en mayo de 2007, tras una solicitud hecha al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki Moon, por el gobierno de Álvaro Colom, asediado por las mafias que se han incrustado en las estructuras del Estado. Desde entonces el organismo internacional ha tratado algunos de los casos judiciales más sonados en ese país centroamericano, donde 98 por ciento de los crímenes quedan impunes. Pero su lucha por establecer un Estado de Derecho no ha sido fácil: la CICIG ha recibido amenazas, tiene que enfrentar una hostil campaña de prensa y enfrentar el vacío que le hacen prominentes políticos y líderes de la sociedad civil guatemalteca. Su misión es la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos.

El miedo y la costumbre tan arraigada de la impunidad son una hiedra que amenaza convertir a este país en un narcoestado y desestabilizar toda la región. Este año, la CICIG, cuya misión termina en 2013, tuvo algunos reveses significativos. Un tribunal absolvió al ex presidente Alfonso Portillo por el desvío de 15 millones de dólares de las arcas del Estado. Las redes ilícitas están muy lejos de ser desmanteladas y más bien se refuerzan con el dinero del narcotráfico. Hace poco, en Alta Verapaz, fue secuestrado y descuartizado un fiscal que trabajó en casos de narcotráfico, lo que dejó al descubierto la falta de protección por parte del Estado.

JUECES CON PÓLVORA MOJADA

SW: Después de cuatro años de trabajo y varios casos sonados, además de alguna crisis, ¿cuál es su balance del trabajo de la CICIG?

FDA: Se han logrado cosas muy positivas. La lucha contra la impunidad comienza con los “intocables”, con la gente que cree que puede hacer lo que le dé la gana, violar la ley, cometer delitos con la certeza de que nadie les va a tocar. Creo que eso se acabó. El simple hecho de sentar a un ex presidente frente a los jueces es importante, aunque no compartamos la resolución de la jueza, a la que vamos a acusar por prevaricato. De 16 juicios que ha llevado la CICIG ante los tribunales con el apoyo del Ministerio Público (MP), sólo uno se ha absuelto, que es el de Alfonso Portillo (ex presidente de Guatemala ). Por eso somos una buena escuela sobre investigación científica. Luego se han aprobado leyes importantes y hay más que están en espera, aunque va a ser difícil que se aprueben rápidamente por ser un año electoral. Hemos comenzado con la nueva Fiscal una capacitación técnica que no se pudo hacer antes por falta de receptividad. Ahora hay una buena comunicación y esto va a favorecer el trabajo de la CICIG, siempre y cuando el nuevo Presidente no destituya a la Fiscal general, lo que se hace tradicionalmente después de las elecciones (las próximas presidenciales serán en septiembre de este año).

SW: Usted mencionó sobre todo los avances, pero también hubo retrocesos: Portillo fue absuelto, han matado a fiscales. ¿No son señales muy negativas?

FDA: Estos casos nos han permitido diagnosticar que la impunidad no era solamente un problema del MP y de la policía, sino también que hay corrupción en el órgano fiscal y judicial. El caso de Portillo, por ejemplo, tiene abundantes evidencias. Los delitos económicos tienen una particularidad: son difíciles de investigar, pero una vez que se logra establecer la cadena delictiva y llegar a juicio, es difícil absolver porque todo está probado por documentos, contratos, cheques, cuentas, letras de cambio que han dado al delito un barniz de legalidad. Pero los jueces decidieron en contra de la evidencia, y eso significa corrupción. Las juezas argumentaron cosas a las que yo no me atrevería por dignidad profesional, por las que reprobaría a cualquier estudiante de criminalística. Confundieron, por ejemplo, una auditoría forense con una normal. Una auditoría forense no se puede compartir con los imputados, como se hizo en este caso, porque se parte de la idea de que hay un dolo.

SW: ¿El aparato judicial está en gran parte infiltrado o corrompido?

FDA: Los dos casos que tocan las estructuras de corrupción y las ejecuciones extrajudiciales más poderosas de Guatemala son los casos Pavón (que trata sobre la muerte de siete prisioneros en la Granja de Rehabilitación Pavón en 2009) y Portillo. Y en los dos a los jueces se les mojó la pólvora. Se tiene que hacer una depuración importante del aparato de justicia. En los años noventa participé en un proyecto de cooperación y publicamos un “libro blanco” de la justicia en Centroamérica. Me tocó hacer el resumen general de los países, y quedó muy claro que los jueces de Guatemala no son independientes de la política. La Constitución establece que los jueces duran en su cargo cinco años. Su condición es precaria, no tienen independencia porque si no los confirman, pierden su pensión. Esto los pone en desventaja y los hace vulnerables. Si a eso se suma que los jueces de la Corte Suprema y de Apelaciones son nombrados por el Congreso, quiere decir que los políticos se reservaron el control del Poder Judicial. En países donde hay un Estado de Derecho se nombran los jueces de la Corte Suprema por los políticos, pero se quedan en su puesto hasta que mueran, renuncien o se jubilen, y eso les da solidez e independencia.

SW: ¿Se necesita entonces una reingeniería de todo el sistema judicial?

FDA: Sí, sobre todo en la selección de magistrados, que los cargos sean vitalicios, que sólo se puedan remover por causas legales graves o por delitos.

SW: ¿Hay voluntad política para este tipo de reformas?

FDA: Parece que los políticos están sentados como espectadores. Después de la masacre en el Petén (27 asesinados en mayo de este año), el Presidente de la Corte Suprema les dijo a los diputados que no tiene presupuesto para trabajar los últimos tres meses del año. Y le rompieron el quórum, y lo dejaron hablando solo. Parece que no les importa en absoluto y eso significa que no hay voluntad política para enfrentar esos poderes informales. Pero no pierdo la fe de que se puedan hacer las cosas. Estamos viendo una reforma constitucional, y cualquier Presidente de Guatemala que realmente quiera construir un Estado de Derecho tiene que enfrentarse a esto. Y en medio de todo, hay jueces y fiscales muy valientes que han juzgado a miembros de Los Zetas y se han jugado la vida.

SW: Otros la perdieron.

FDA: Sí, pero otros siguen arriesgándose a perder la vida en el intento, porque aman su país y son patriotas. Ahora hay un momento particular, depende mucho del liderazgo que asuma el nuevo presidente.

SOBERANÍA A CAMBIO DE JUSTICIA

SW: La comunidad internacional está presente en Guatemala desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, en 1996, los que sólo se han cumplido en parte, a pesar de muchos millones de ayuda. ¿Qué papel juega la comunidad internacional realmente?

FDA: Juega un papel fundamental, aunque en algún momento tenga que condicionar las ayudas a Guatemala . No puede seguir invirtiendo mientras la clase política pretenda que no va a vivir en un Estado de Derecho.

SW: ¿Es Guatemala un narcoestado?

FDA: Esto es un término que se tiene que manejar con cuidado. Un Estado tiene el monopolio de la violencia en un territorio determinado, y ese monopolio está legitimado por la población. Aquí ya hay sectores donde el Estado no tiene el monopolio de la violencia, no controla el territorio, y allí los ciudadanos están legitimando a los capos.

SW: ¿Cómo se llegó a esto?

FDA: Antes, los Estados latinoamericanos eran muy irresponsables. No había inversión social, se descuidaba la pobreza y no había intención de crear una clase media. Eso incentivaba los delitos. Hoy, el Estado tiene una competencia enfrente, y si abandona esos espacios entra el crimen organizado ganándose la legitimidad de la población. En la medida que eso pasa, cada vez el Estado se va aproximando a ser un narcoestado. Pero todavía el Estado guatemalteco no ha perdido completamente el control del territorio, y la mayoría no legitima el crimen organizado. Además, no es el único caso. También está pasando en México, y hasta en Costa Rica, donde hubo una marcha en Limón para exigir a que se libere a un narco.

SW: ¿Hasta cuándo se va a necesitar la CICIG?

FDA: Nosotros no vamos a evitar un narcoestado. Eso es el trabajo de los guatemaltecos. La CICIG pone los mejores medios al alcance de ellos. Estamos trabajando cuatro campos: primero, llevando casos de alto impacto para mostrar que sí se puede investigar correctamente; segundo, proponemos proyectos de leyes para mejorar la administración de justicia; tercero, hemos realizado informes importantes para revelar la sistemática del crimen organizado, como, por ejemplo, en el caso del tráfico de armas, donde se muestra que Guatemala es el primer exportador de armas en la región, a pesar de no tener ninguna fábrica, y cuarto, trabajamos en la transferencia de competencias.

Nosotros proponemos proyectos de ley, pero si los diputados no los aprueban, eso es un problema de los guatemaltecos; las pruebas se llevan ante los jueces, y si ellos no condenan, es problema de los guatemaltecos; las políticas públicas se proponen al gobierno, pero si éste no las asume, es problema de los ciudadanos guatemaltecos. Y si no quieren recibir las capacitaciones, igual.

SW: Ha habido críticas y presiones muy fuertes para que la CICIG se retire.

FDA: En febrero se había iniciado un movimiento encabezado por un grupo de empresarios en Nueva York y Washington para sacar al comisionado de la CICIG porque no les gusta que se toque a los poderosos. En ese momento reaccionó la sociedad civil y más de 300 organizaciones encabezadas por la Premio Nobel Rigoberta Menchú, firmaron una nota de apoyo. Por otro lado, una prensa que pertenece a los grupos de poder ha criticado la CICIG, pero esto lo vemos como un éxito, porque siempre que se toque a un delincuente menor hay un proceso, pero cuando se toca a un poderoso hay contraataques. Es un indicador de que hemos hecho bien nuestro trabajo, y así vamos a seguir. Porque una fiscalía seria no juega para el público, sino para el Derecho.

SW: Honduras y El Salvador han pedido también una CICIG; si uno ve el documental Presunto culpable, sobre la impunidad en México, puede llegar a la conclusión de que este país también necesita algo parecido ¿Va a ser un modelo de exportación?

FDA: Hay que pensar en una solución para la región. El presupuesto de seguridad y justicia es muy reducido en comparación con las cajas chicas que maneja cada organización criminal. La fortaleza institucional en nuestros países es muy vulnerable, son muy frágiles en comparación con el monstruo que tenemos enfrente. El hecho de que los países anden pidiendo CICIGs quiere decir que la criminalidad rebasó su capacidad de respuesta. Y si eso pasa en tres países de la región ( Guatemala , Honduras y El Salvador ) y tal vez en otros que no lo reconocen, indica que pueda necesitarse un modelo como el de la Corte Penal Internacional, donde se juzgan hechos que no se pueden juzgar en los mismos países por su debilidad institucional o su corrupción interna.

SW: ¿Se está hablando de eso ya a nivel de la ONU?

FDA: No, pero yo tengo tiempo pensándolo. Porque ¿qué vamos a hacer en los demás países? Si pasa lo mismo que aquí, que hacemos buenas investigaciones y los fiscales arriesgan su vida, pero llegando a los jueces, por lo menos en los casos más importantes que podrían haber cambiado la historia de Guatemala , éstos se acomodan a la situación y generan impunidad. Si esto es lo que va a pasar, estamos perdidos. Pero hay algo positivo dentro de todo esto: Guatemala ha cedido mucho en términos de soberanía. No le opuso a la comunidad internacional la soberanía para dejar impunes a los grandes capos, sino que le exigió a gritos crear la CICIG. Y esto es una concesión de soberanía como ningún otro país ha hecho. Hay que reconocérselo a Guatemala .

(*) La autora ha publicado este trabajo en Revista Milenio de México y lo ofrece también a ContraPunto, en exclusivo para El Savador.

Fuente: www.ContraPunto.org


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