Morir por cuatro caballerías de maíz

ALBERTO ARCE

Adentrarse en el conflicto por la tierra en Guatemala es casi tan complejo como llegar a la Finca Los Cafetales, en el municipio de Santa Cruz Muluá, Departamento de Retalhuleu, a la que sólo se puede llegar tras recorrer 25 kilómetros a través una pista de tierra que se abre entre inmensas extensiones de caña de azúcar.

Entre caña y caña, árboles de caucho, hombres con pistola al cinto —aquí las reglas son otras— y algo de ganado que pasta, ajeno al conflicto que se vive a su alrededor. Pugnando por el espacio se descubren también, aún aplastadas contra las cunetas, clandestinas, casi escondidas y luchando por sobrevivir, unas cuerdas de maíz. Que a Cornelio Flores, líder de la Comunidad Brisas de Samala le sirven para explicar el conflicto por la tierra extendido a lo largo de todo el país. “Con la caña no alimentamos a nuestros hijos. Con el maíz, sí. La tierra tiene que darnos de comer”.

El monocultivo para la exportación se extiende, favorecido por los Acuerdos de Libre Comercio. Para el sociólogo Edelberto Torres escribió “los campesinos son permanentes y nunca han representado la modernidad, asociados a la pobreza, la explotación y la tozudez por el pasado”. Avanzando por la pista regresamos a otras épocas.

Ya en los Cafetales, el campesino traduce esa frase a su existencia. “Mi abuelo y mi padre trabajaron esta finca. Yo comencé a salir a la tierra con ellos a los 7 años. Ahora tengo 55. Llevo 48 años labrando y cosechando aquí”. Cornelio ha sacado sus papeles, su armamento. “Desde que estoy aquí la finca ha cambiado de dueño muchas veces” y comienza a mostrar documentos del registro de propiedad mientras pregunta “¿Qué han hecho sus dueños por ella?”.

Más allá de la permanencia del campesinado, la explotación. Jesús, machete en mano, sombrero de paja, camisa abierta, se suma a la historia. “De sol a sol por 40 quetzales diarios. (1 euro=11 quetzales) Le hemos dado nuestra vida a esta tierra y hemos pasado hambre. Que nos dejen trabajarla y nos devuelva vida en forma de comida”.

“Teníamos buena relación con el finquero. Pero metieron vacas en la tierra. Dañaron el cultivo. Le dijimos al supuesto propietario que no pagaríamos 600 quetzales sobre 1400, la parte de alquiler proporcional al cultivo dañado. Nos denunció por impago y ocupamos la finca, creando la “Comunidad Agraria Brisas de Samala” y plantamos nuestras cuatro caballerías de maíz. Las que ahora nos quieren quitar. Vino un ingeniero a medir la finca para prepararla para la caña. Los finqueros no quieren que se plante maíz, quieren caña para la exportación porque se la pagan en dólares. Así nos condenan a los campesinos al hambre“. Al ingeniero lo echaron de la finca.

Morir por la tierra

El pasado jueves 28 de julio el Estado trató de desalojarlos por usurpación. 450 miembros de la policía Nacional Civil y 60 soldados se presentaron allí. Se encontraron con dos docenas de campesinos que les hacían frente sentados en un puente.

Ante el desalojo, uno de los miembros de la comunidad campesina que habitaba la finca desde que nació al igual que su padre, al que igual que su viuda y los cinco hijos que deja, tuvo la desgracia de demostrar hasta dónde llegaba su compromiso con la tierra, su tozudez. La suya y la de quien ordenó desalojarla.

“Para evitar el hambre estamos dispuestos a todo”

Cornelio se preguntaba “¿qué está uno dispuesto a hacer por la tierra?”. Los hechos le responden. Si es campesino, morir para que no le desalojen. Si es policía, matar para desalojar, cumpliendo la orden dada por un Juez. Cornelio añade “para evitar el hambre estamos dispuestos a todo”.

Sergio de León tenía 31 años y llevaba la mitad de su vida trabajando esa finca. Murió tratando de evitar que le separasen de su maíz. Plantado en el puente que da acceso a la finca. Sosteniendo la bandera guatemalteca. Sergio era un campesino organizado, miembro de CODECA (Comité de Desarrollo Campesino).

Uno o varios miembros de la Policía Nacional Civil le dispararon a Sergio cuatro proyectiles de gas lacrimógeno a dos metros de distancia según relatan las versiones de los testigos en la reconstrucción de los hechos. La policía dio dos minutos para retirarse, apuntándole directamente al corazón con proyectiles que están diseñados para ser lanzados al aire y nunca contra los cuerpos.

En la autopsia puede leerse la causa de la muerte: “laceración cardiaca-taponamiento cardiaco”, esto es, “desgarro del corazón con penetración en las cavidades cardíacas y con herida torácica abierta” en caso de la laceración o “trauma al pecho” en caso del taponamiento. Las heridas que muestra el cuerpo del campesino confirman los cuatro impactos sobre su pecho.

Contactada telefónicamente, la Comisaría de Retalhuleu tiene orden de no hablar con ningún periodista y remite a la Portavocía de la Policía Nacional Civil. En la Capital, su portavoz, Donald González, confirma que existe un protocolo que “recomienda” pero no “impide” disparar proyectiles de gas lacrimógeno directamente contra las personas, “recomendando” utilizarlo al aire tal y como “la Guardia Civil española le ha enseñado a la Policía Guatemalteca en los entrenamientos organizados”. En todo caso, el suceso se encuentra “bajo investigación” y “habría que ver de que son las marcas sobre el cuerpo del finado. Le corresponde el Ministerio Público investigar” afirma Donald.

Un cúmulo de irregularidades

Clara Ballesteros, de la Cámara del Agro aporta su punto de vista respecto a la muerte del campesino y transfiere, con mucha dureza, la responsabilidad “a los líderes que utilizan a los campesinos y juegan con sus vidas de manera lamentable. Les incitan a la usurpación y el delito y son responsables, incluso imputables penalmente de todo lo que suceda después. CODECA, como otras organizaciones, tiene una larga trayectoria de usurpación y ocupación ilegal de tierras. Están acostumbrados a violar la ley y es a quienes comienzan el conflicto a quien hay que atribuirle la responsabilidad, incluso jurídica, por lo sucedido.” Cree que las organizaciones campesinas “se dedican a engañarles, incluso cobrándoles, incitándoles a que ocupen tierras, prometiéndoles que serán suyas”.

Apenas 24 horas después de la muerte, en la finca se celebra una asamblea. Saben que la orden judicial sigue en pie. Saben que la policía regresará y se preparan para ello. No tienen miedo. Están indignados y piden venganza. “Lo mataron como un animalito al pobre Sergio. Pero nos estamos reorganizando y preparando para la próxima vez que vengan”. Soy testigo de los preparativos. Firmes y serios. Si la policía regresa, no será como la primera vez. No les importa morir.

Más allá de la muerte de Sergio León, casi todo lo sucedido en torno al desalojo de la Comunidad de 250 familias, más de 1000 personas, que ocupa y planta apenas cuatro caballerías de maíz en una esquina de la Finca Los Cafetales, es un cúmulo de irregularidades.

Cornelio comienza por mostrarme una orden de arresto y alejamiento contra él. Emitida, casualmente, en el momento en que comienza a prepararse el desalojo de la tierra. Se acusa penalmente al líder de la comunidad de usurpación. También de robar ganado. Y se le prohíbe acercarse al lugar. Cornelio vive desde entonces escondido. Porque le teme a la ley, que le busca por cuatrero. “Puede que hayan robado para su venta alrededor de 100 cabezas de ganado”, asegura el abogado Sandoval. “¿Cómo podríamos nosotros robar 100 cabezas de ganado?” responden los campesinos que rodean a Cornelio. “Pasamos hambre. Alguna vaca hemos cogido. Pero sólo para comer, nunca nadie ha vendido una cabeza de ganado“.

Pero no solo le temen a la ley. En Guatemala, muchas veces, paralelamente la acción de la justicia, suceden cosas. “Hace un mes apareció un automóvil. Dos hombres fueron casa por casa preguntando por mí. Todo el mundo sabe dónde vivo. Preguntaban para que los vecinos tuviesen claro que alguien me busca”. Hace una semana, regresaron. “Llamaron a la puerta. Les abrió mi hijo Humberto, de 12 años. Le mostraron una pistola y le dijeron que me estaban buscando“. ¿Quién le busca, Cornelio?. “El dueño de la Finca”. ¿Quien es el dueño de la Finca, Cornelio?. “Ahora no lo sabemos. Sáqueme un retrato, señor periodista, que a mí alguien me está buscando para matarme”.

El portavoz de la familia Montenegro asegura que no son gente de armas. “En la finca nadie va armado. Si hubiéramos querido solucionarlo así, se habría hecho hace tiempo”. Asombrosa normalidad la de la violencia estructural que azota al país.

“Sáqueme un retrato, señor periodista, que a mí alguien me está buscando para matarme” Mauro Vay, Coordinador de CODECA, la organización a la que pertenecía el campesino asesinado contextualiza políticamente la complejidad de la situación: “El dirigente de la comunidad es acusado y no tenemos la capacidad de defenderle porque no tenemos ni para abogados. Te están atacando y que eres tú el que acaba en el cárcel y no el que te ataca. No podemos frenar el ciclo de violencia que atrapa a los desalojos. Si creen que la ley no se cumple y mueren campesinos, ellos acaban por defenderse como pueden. Si vienen a buscarles con armas, no les queda otra opción que conseguir un arma y vengarse o defenderse”.

La anomalía continúa más allá de la violencia y penetra de lleno en la propiedad. La clarificación de la misma y su resolución definitiva sería la única vía capaz de frenar la escalada violenta. Cornelio muestra que la propiedad de la Finca dista mucho de estar resuelta. En marzo de 2010, poco antes de constituirse legalmente como Comunidad Campesina, el segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango les expidió un documento en el que certifica que la Finca Los Cafetales “no aparece inscrita como tal en el Departamento.

Es extraño. Porque el Fondo de Tierras elaboró un mapa en 1971 y ubica la finca en el Departamento de Retalhuleu. Tendrá una explicación, piensan ellos. Regresan al registro y descubren que existe otro documento del registro de la propiedad que inscribe la misma finca en Suchitepéquez, el departamento vecino.

La orden judicial que persigue al líder de la comunidad por usurpación de la finca y ordena el desalojo deshace el entuerto. El agente Fiscal explica en el documento —firmado por el Juez Israel Noyola Ramos— que la Finca pese a ubicarse geográfica y materialmente en el Municipio de Santa Cruz Muluá, Departamento de Retalhuleu, ya no le pertenece a Carlos Montenegro. Ha sido inscrita en el Registro de Suchitepéquez a nombre de su esposa, “por razones administrativas”. Dicha anomalía, de difícil comprensión para extraños “es una práctica habitual del sistema registral guatemalteco, que reubica las fincas de uno a otro departamento desde hace décadas”. El abogado Sandoval reconoce que se trata de “un sistema que debe ser actualizado” . Ballesteros, de la patronal agraria, coincide en “una seria debilidad de registro en cuanto a la protección de la propiedad” debido a la “infiltración mafiosa en la institución. En Guatemala hay muchos dueños de la tierra que no son propietarios, que no pueden demostrar documentalmente su relación con la tierra”.

Preparados para el enfrentamiento

Los campesinos están preparados y convencidos para el enfrentamiento. “Defendemos que nuestros hijos no pasen hambre. Si vienen de nuevo, morirá gente”, aseguran. Sólo hay que mirar alrededor del fuego en el que calientan unas mazorcas de maíz, su única comida del día, para entender que algunos de los niños están, efectivamente, desnutridos, y sus padres no están dispuestos a perder las cuatro caballerías de cereal que han plantado, por las que se han endeudado y que necesitan para comer.

Lo más triste de toda la historia es la falta de voluntad política para resolverla. Esta y decenas de situaciones similares que se multiplican por el país. Pablo Siguenza de IDEAR-Congecoop concluía, con datos del Ministerio de Agricultura que en Guatemala “hay 700.000 hectáreas infrautilizadas de tierra apta para producir maíz. Si se cultivaran podría producirse todo el maíz básico que necesita Guatemala e incluso generar excedentes para la exportación. Pero no se explotan porque la mayoría está en manos privadas que están esperando tener réditos por la renta de la tierra”.

“Defendemos que nuestros hijos no pasen hambre; si vienen de nuevo, morirá gente” La campaña en la que se enmarcaban dichas declaraciones se llamaba “Vamos al grano”. Y allí nos vamos, al grano. En Guatemala, aunque los niños de la Comunidad Brisas de Samala pasen hambre, el juez Novola Ramos lo ha dejado escrito en la orden de desalojo de la tierra: “Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona. El Estado garantiza el ejercicio de ese derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes”.

No cabe duda de que así es, en un país donde el 8% de los propietarios posee el 78% de la tierra, según la Misión de Naciones Unidas en el país, mostrando una desigualdad que avanza directa hacia el conflicto social. Si en el año 2000 los juzgados emitieron 4 órdenes de desalojo, en el 2011 hay 111 órdenes ejecutadas o pendientes de ejecución, como indica un informe recientemente publicado por la asociación El Observador. Un conflicto que es obligatorio confrontar con el dato de que Guatemala es, según Unicef, el país con mayor desnutrición del continente americano. El 49% de los niños guatemaltecos está desnutridos.

Con un poco más de cinismo, para el abogado Sandoval, que se define como persona con experiencia vital, la desnutrición infantil es “un problema al que desagradablemente estamos acostumbrados en este país. Algo generacional y global que no vamos a resolver ni usted ni yo. Un problema que requiere de una transformación global del país y que va mucho más allá de esta finca”. Sin duda. Que se lo pregunten a Sergio León, que deja viuda y cinco hijos. Por cuatro caballerías de maíz.

Este texto se publica de forma simultánea con Plaza Pública

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