Los migrantes como objetivos de las políticas de seguridad nacional

Christine Kovic

La inseguridad de las políticas de seguridad

En los secuestros de migrantes se aprecian la incapacidad y falta de voluntad política del gobierno mexicano para proteger a grupos vulnerables como estos transmigrantes centroamericanos en el contexto de la violencia desencadenada bajo la guerra contra el narco; asimismo revelan los costos de una amplia política de “seguridad” vigente tanto en México como en Estados Unidos que criminaliza a los migrantes en vez de defender sus vidas, su seguridad y sus derechos.

El sacerdote católico Alejandro Solalinde denunció los secuestros con base en los testimonios de migrantes que lograron escapar de sus captores. Solalinde es director del albergue Casa del Migrante “Hermanos en el Camino” en Ixtepec, Oaxaca, y coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana del Pacífico Sur de México. Un boletín emitido por el albergue el 24 de junio informó que un tren de carga en cuyo techo viajaban alrededor de 250 migrantes fue interceptado cerca de la estación de Medias Aguas, saliéndole al paso un grupo de por lo menos diez hombres que portaban armas de alto poder.

“Algunos [migrantes] corrieron a los arbustos para salvar su vida y los que no pudieron huir fueron capturados por estas gentes, que se los llevaron en tres camionetas tipo Suburban con rumbo desconocido.” Basándose en cuántos migrantes viajaban sobre el tren cuando fue interceptado, los migrantes y trabajadores del albergue calcularon que entre 60 y 100 migrantes fueron secuestrados entre hombres, mujeres y niños.

La reacción inmediata de los funcionarios e instituciones del gobierno mexicano al informe del secuestro fue la negación. Funcionarios del gobierno estatal de Veracruz, de la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración declararon que los plagios no podían confirmarse y no pasaban de meros rumores. Otros emplazaron al Padre Solalinde a que presentara él las pruebas del crimen.

Al interrogarlo legisladores de los tres principales partidos políticos mexicanos, el comisionado del INM Salvador Beltrán del Río reconoció que hay signos aislados de corrupción en el Instituto, pero siguió negando que hubiese ocurrido cualquier secuestro masivo en Medias Aguas. El Padre Solalinde ha propuesto eliminar totalmente al INM en vista de la corrupción que invade a la institución y la participación de sus funcionarios en el abuso y maltrato a migrantes.

Al día de hoy nada se sabe del paradero de los migrantes, en tanto que los funcionarios del gobierno persisten en negar que cualquier plagio sucedió y en no realizar ninguna investigación seria.

Lo que ningún funcionario puede negar es el sufrimiento y vulnerabilidad extremos de los migrantes centroamericanos que atraviesan México. Sin dinero para pagar a los polleros (traficantes de personas) y eludir los retenes, miles de migrantes viajan en los techos y costados de los vagones expuestos a la lluvia, temperaturas extremas, deshidratación y electrocución. Muchos han perdido miembros o sus vidas por haberse caído de los trenes.

Al viajar clandestinamente, los migrantes se hacen vulnerables a asaltos, robos, extorsión, violaciones sexuales y a la muerte. Los plagios recientes de migrantes en Veracruz –sin importar el número- son una pequeña parte de los cientos de secuestros perpetrados al año, probablemente por narcotraficantes. En febrero de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana reportó que habían sucedido más de 11,000 plagios de migrantes en el semestre de abril a septiembre de 2010, la mayoría de ellos cometidos en el estado de Veracruz.

De los testigos que han declarado ante la Comisión, 8.9% señalaron la participación de autoridades gubernamentales, entre ellos de la policía o de inmigración. Los secuestros presentan un parecido espeluznante con las desapariciones durante los años 1970’s y 1980’s en Argentina, Guatemala y otros países iberoamericanos. Rara vez se encuentra a los migrantes, los casos quedan sin resolver y el miedo cunde por todas partes. La masacre brutal de 72 migrantes centroamericanos en el estado norteño de Tamaulipas en agosto de 2010 confirmó a la muerte como el resultado posible, si no probable, de los secuestros, e hizo más difícil para las autoridades negar la crisis.

Me encontraba yo en el albergue Hogar de la Misericordia en Arriaga, Chiapas, cuando los migrantes oyeron la noticia del secuestro. El tren inicia su viaje hacia el norte en Arriaga, una pequeña ciudad cerca del límite con Oaxaca. Ahí se reúnen los migrantes mientras esperan el siguiente tren para subirse en él.

Aunque preocupados por los secuestros y otros tipos de violencia que pueden enfrentar, los migrantes no se arredran. Muchos me dijeron que no tenían más elección que continuar su viaje. Señalaron la enorme desigualdad entre los salarios en América Central y los pagados en Estados Unidos, y la dificultad para encontrar trabajo en su patria. Algunos tenían parientes, incluso cónyuges e hijos, viviendo en Estados Unidos. Un migrante con quien hablé me dijo que estaba resuelto a llegar a E.U. a pesar de su mala salud y los riesgos que el viaje conlleva. Otro me aseguró que si pudiera encontrar trabajo en su tierra no emigraría. Otros compañeros suyos estuvieron de acuerdo.

Las políticas estadunidenses ponen en riesgo a los migrantes

Los riesgos que encaran los migrantes se derivan no sólo de la negligencia y abusos de las dependencias gubernamentales mexicanos, sino también de las políticas de Estados Unidos relativas a inmigración, control fronterizo y seguridad. En lugar de ser protegidos por políticas de seguridad nacionales e internacionales, los migrantes en México y en Estados Unidos son los blancos directos de dichas políticas. El mayor énfasis en aplicar las leyes antiinmigrantes en las fronteras norte y sur de México coincidió con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el cual exacerbó las condiciones que forzaban a los campesinos a abandonar sus tierras por su imposibilidad de competir con el maíz y otros productos subsidiados provenientes de Estados Unidos.

En la frontera México-E.U., políticas como el Operativo Bloqueo (Operation Blockade, lanzada en El Paso, Texas en 1993) y Operativo Guardabarrera (Operation Gatekeeper, en San Diego, California) impidieron a los migrantes cruzar a zonas urbanas y habitadas desviándolos a regiones peligrosas como el desierto de Arizona, lo que condujo a entre 3,000 y 5,000 muertes de migrantes en los últimos 15 años, en lo que la activista pro derechos de migrantes María Jiménez califica de “muerte por política”.

En un informe publicado en 2010 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana junto con la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) con el título “Crisis Humanitaria: las muertes de migrantes en la frontera E.U. – México”, María Jiménez documenta que las autoridades estadunidenses están conscientes de este resultado. Como señala Timothy Dunn en El Bloqueo Fronterizo y los Derechos Humanos, estos operativos de ejecución de leyes se volvieron la base de la política de “prevención mediante la disuasión” que aplica la Patrulla Fronteriza con el objetivo de impedir que migrantes indocumentados ingresen a Estados Unidos. Las políticas de disuasión han llegado al sur de México, donde los funcionarios de migración aplican más la estrategia de cumplir la ley, sobre todo a lo largo del Istmo de Tehuantepec, el área más estrecha de México. Es una estrategia de seguridad alentada por Estados Unidos para limitar la migración centroamericana. En los años recientes, el Plan México respaldado por E.U., también conocido como Iniciativa Mérida, suministró a México fondos significativos con la finalidad abiertamente declarada de “asegurar la asistencia para diseñar e implementar medidas anti narcóticos, anti terrorismo y de seguridad fronteriza.” Como observó el Subsecretario de Estado Thomas Shannon en abril de 2008, “Hasta cierto grado, estamos blindando el TLCAN.” Lo que no dice es que tal “blindaje” no ofrece protección alguna a los migrantes pobres de clase trabajadora (entre otros grupos), a quienes incluso agreden, como su objetivo, dichas medidas de seguridad.

A comienzos de junio de este año la Procuradora General de la República Marisela Morales declaró que la protección de la frontera sur de México es un asunto de seguridad nacional, agregando que “el flujo ilegal de personas y mercancías existente y la delincuencia que genera exigen una coordinación institucional fortalecida que mejore la vigilancia, la seguridad y el respeto a los derechos humanos.”

Si los migrantes indocumentados que pasan por la región forman parte del “flujo ilegal de personas”, en lugar de obtener respeto a sus derechos humanos, se les considera como generadores de delincuencia. Este marco explica parcialmente los actos y omisiones de los gobiernos mexicano, estadunidense y centroamericanos que llevan al abuso de los derechos humanos de los migrantes. Estos gobiernos, junto con las compañías trasnacionales, crean las condiciones económicas que provocan la migración. Las políticas punitivas como los retenes en carreteras y a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, empujan a las personas a viajar en condiciones extremadamente peligrosas y crean un mercado para el contrabando de personas. Al final, la impunidad perpetúa los abusos ya que los responsables no son enjuiciados.

En Estados Unidos crece la criminalización de los migrantes: En los niveles estatales y locales se está impulsando una nueva oleada de leyes antiinmigrantes, entre ellas una firmada hace poco por el gobernador de Carolina del Sur para crear una Unidad Policiaca contra la Inmigración Ilegal como parte del departamento de seguridad pública del estado.

La seguridad nacional está cada vez más ligada al control de la inmigración. Un informe publicado en diciembre de 2010 por la Red Nacional para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, titulado “Injusticia para Todos: El Surgimiento del Régimen Policíaco contra la Inmigración en E.U.”, describe en detalle las formas en que el control y la vigilancia policiaca en Estados Unidos han desembocado en “discriminación racial y violencia por odio contra los inmigrantes y aquellos a quienes se percibe como nacidos en el extranjero o como ‘ilegales’.” Asimismo documenta un mayor número de detenciones y deportaciones y casos de colaboración entre policías y agentes antiinmigrantes, estrategias policiacas en centros de trabajo causantes de violaciones a los derechos laborales, militarización de comunidades fronterizas y propuestas legislativas antiinmigrantes a todos los niveles.

Los gobiernos mexicano y estadunidense podrán negar los abusos de los derechos humanos de los migrantes, evadir su responsabilidad o culpar a elementos criminales sin relación con el estado y al duro clima del desierto. Pero nada de eso cambia el hecho de que las políticas de esos gobiernos se vinculan directamente con las muertes de los migrantes. Desde el Hogar de la Misericordia en el sur de México, los migrantes insistieron en que buscar trabajo no debe considerarse un delito.

Los gobiernos de América del Norte y Central comparten la responsabilidad de detener la actual crisis de derechos humanos que encaran los migrantes centroamericanos que atraviesan territorio mexicano y los mexicanos que cruzan la frontera México-Estados Unidos. Se requieren cambios fundamentales en las estrategias políticas y económicas de manera que los mexicanos y centroamericanos no se vean obligados a dejar sus países en busca de trabajo.

Varias cuestiones siguen sin abordarse:  ¿Qué se necesitaría para que ningún migrante tuviera que viajar montado en un tren de carga o cruzar el desierto de Arizona? ¿Qué, para que ningún migrante. hombre o mujer, tuviera que arriesgar su vida para buscar empleo? Sin medios seguros para que los trabajadores se trasladen a través de fronteras, la aplicación punitiva de leyes y la militarización seguirán provocando muertes. Las políticas económicas que permiten a las personas proveer para sus familias sin tener que dejar sus países serían no sólo más eficaces a un menor costo sino mucho más humanas que las políticas limitadas al cumplimiento de la ley, la negligencia y la negación que acaban generando muerte.

Christine Kovic es Profesora Adjunta de Antropología en la Universidad de Houston-Clake. Ha dirigido investigaciones sobre derechos humanos en Chiapas, México durante más de veinte años. Su investigación se enfoca actualmente en los derechos humanos de los inmigrantes en México y Estados Unidos. Escribe sobre inmigración y derechos humanos para el Programa de las Américas, www.cipamericas.org

Traducido por Marisol Cervantes Ramirez

Mayor Información en:

Mexico’s National Commission of Human Rights and the American Civil Liberties Union, “Humanitarian Crisis: Migrant Deaths at the U.S.-Mexico Border”

http://www.aclu.org/immigrants-rights/humanitarian-crisis-migrant-deaths-us-mexico-border

(Comisión Nacional de Derechos Humanos y Unión Estadunidense por las Libertades Civiles, “Crisis Humanitaria: Las muertes de migrantes en la Frontera E.U.-México”.

Dunn, Timothy. Blockading the Border and Human Rights (El Bloqueo Fronterizo y los Derechos Humanos), University of Texas Press, 2009.

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