Fallo histórico

Redacción Política/ PúblicoGT

Según el veredicto dictado por el Tribunal Primero de Alto Riesgo, cuatro militares, entre ellos dos kaibiles (tropas de élite del ejército de Guatemala) fueron condenados a 6,060 años de prisión por el asesinato de 201 campesinos de la aldea Dos Erres de Petén. Todos cumplirán una pena efectiva de 50 años de prisión. Todos fueron acusados de crímenes de lesa humanidad. La jueza Yazmín Guzmán dijo que “no se puede invisibilizar las muertes de todas las personas, por eso expresamos 30 años por cada muerte, aunque deberán cumplir solo 50”.

Los miembros del tribunal dieron valor probatorio a los testimonios de dos militares retirados que se encuentran refugiados en México. El tribunal dijo que la masacre se dio con alevosía, fue planificada y hubo ensañamiento porque el exterminio llegó a extremos de “desaparecer a la población del mapa geográfico”.

Los familiares de las víctimas, sobrevivientes y activistas de derechos humanos se congregaron en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia y en las afueras del edificio para manifestar su satisfacción por el veredicto. En un improvisado altar, en la Plaza frente a la Corte, se formo con pétalos de rosa roja la palabra “Justicia”. Al escuchar el fallo, los sobrevivientes y sus familiares se pusieron de pie y aplaudieron la decisión.

“Esperamos muchos año por ver la justicia, no éramos delincuentes, yo vi cuando mataban a la gente, a nosotros nos tuvieron durante cinco horas hincados, metían sus fusiles en nuestra boca amenazando con matarnos, porque les pedíamos que no mataran a los demás”, expresó Raúl Gómez, uno de los sobrevivientes que compareció como testigo.

Están pendientes varios militares por capturar. Al menos tres fueron arrestados en los Estados Unidos y Canadá en fechas recientes y se espera que sean extraditados a Guatemala para que respondan ante la justicia respecto a su presunta implicación en la matanza.

Por su parte la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), han advertido que no permitirán que se les juzgue como a criminales, cuando cumplieron con su deber de defender la institucionalidad evitando el “triunfo del comunismo” en Guatemala.

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