Rechazo popular a la minería continúa

Selvyn Curruchich Cúmez: PublicoGt.com

Nueva Santa Rosa dice NO a esta actividad y se suma a las ya cuantiosas consultas populares realizadas en diversas comunidades guatemaltecas.

Las comunidades donde sea autorizado explotar los recursos naturales, hídricos, petroleros y minerales, se quedarán con el 50 % de utilidades y regalías (actualmente es el 1%) que generen las empresas con la obligación de proteger el medioambiente, cláusula 3 de 7, del supuesto contrato con la familia del candidato presidencial por el partido LIDER, Manuel Baldizón Méndez. Esto se puede ver en la fuerte campaña propagandística que tiene esta agrupación política, en especial en los medios escritos.

Mientras Baldizón hace este ofrecimiento, en los últimos años numerosas comunidades del país a través de consultas populares se han proclamado en contra de este tipo de actividades. La última consulta se realizó en el municipio de Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa, el 3 de julio pasado.

En esta consulta, participaron más de 7 mil vecinos, con un resultado de 83 votos a favor de la minería, 7 mil doscientos en contra, 211 votos nulos y 62 en blanco. El acta  02-2011 da fe del resultado de este clamor social.  Reconociendo y respetando por medio de la Consulta Municipal de Vecinos que no se desarrolle, se instales, ni opere ningún proyecto de minería química de metales en cualquier parte de dicho municipio se lee en parte del documento.

Son varios los sectores de la comunidad que luchan porque estas prácticas de explotación sea abolida dentro de estos se encuentran vecinos, organizaciones sociales, ambientales y religiosas; quienes argumentan que el presente modelo económico promueve la desigualdad, el individualismo y pone en peligro la sobrevivencia del planeta.

El Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, organizó un seminario, el pasado junio, sobre Industrias extractivas, la problemática de los recursos no renovables en América Latina y la Misión de la Iglesia, donde participaron religiosos, líderes sociales, profesionales y académicos de 17 países de Latinoamérica, El Caribe, Estados Unidos, Canadá y Europa.

Esta se llevó a cabo en Perú donde se analizaron diversos testimonios de conflictos entre Estados, poblaciones y empresas privadas. Donde se reflejo la gravedad del problema ambiental y social  a causa de la industria minera y de  hidrocarburos.  Se hizo constar además la irresponsabilidad de las transnacionales en cuanto a no regirse por los estándares sociales y ambientales reconocidos internacionalmente, mientras que muchos Estados permanecen indiferentes o pasivos frente a estas prácticas indebidas, asegura el CELAM.

Las consecuencias de los aspectos sociopolítico, económico y ecológico de la industria extractiva fue el análisis central en este encuentro, donde  resalta la lixiviación o destrucción de los suelos y medio ambiente, el manejo incorrecto del recurso hídrico y las graves enfermedades en las poblaciones aledañas a las minas provocadas por químicos tales como plomo, cianuro de sodio, arsénico, uranio, mercurio entre otros.

En el plano político,  se señaló la ineficiencia de los Estados en la ejecución y revisión de los Estudios de Impacto Ambienta EIA; además, de no practicar las consultas previas a los pueblos indígenas, tal como lo ratifica el artículo 6.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Y aunque las empresas extractivas generan puestos de trabajo, son temporales y en la mayoría de los casos lesionan los derechos de los trabajadores.  Por otro lado, a consecuencia del alto precio de los metales, en Centroamérica las empresas han incrementado de manera desmedida sus ganancias  pues se ha reducido las obligaciones tributarias a un rango del 5%, producto de una política de exoneraciones fiscales, concluye el informe.

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