El acceso a la tierra es también un problema de salud publica

Por: Jorge Luis Díaz Castillo /PúblicoGT

A quienes laboramos, colaboramos o somos parte de la lucha por hacer efectivo el derecho a la salud, para todas y todos los guatemaltecos, nos tiene muy preocupados el grado al cual se ha llevado la conflictividad agraria en Guatemala.

En primer lugar, porque la lucha por la tierra o la defensa del recurso productivo de las poblaciones pobres del país, constituye una evidencia de la cual hay que partir para determinar cuál es la situación de la vigencia o no del derecho a la salud.

El conflicto de tierras que se vive en diferentes lugares rurales del país, determina que en éste se constata una ausencia de salud para las grandes mayorías de la población;  principalmente porque es un problema que sufren los más pobres, los residentes en las regiones más apartadas del territorio, de los lugares menos comunicados y en donde la ausencia del Estado es más que evidente. Y la autoridad que se impone es la voluntad de la élite semifeudal.

Claro que muchas personas pueden pensar que los conflictos agrarios y la salud no tienen vinculación, sin embargo, ello se debe a que la concepción de salud que en nuestra realidad se maneja es muy limitada y se confunde el concepto de salud con el de atención a la enfermedad; criterio predominante en las mismas autoridades de salud del país.

En segundo lugar, entonces, es necesario por lo tanto, recordar la definición que de salud se tiene desde los organismos internacionales encargados de todos estos aspectos y nada mejor que citar la definición que la Organización Mundial de la Salud tiene al respecto.

Se dice que SALUD “es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades ligeras, fuertes o graves.”

De aquí entonces, la pregunta que debe surgir a primera instancia es, y que hacen las autoridades del país para alcanzar ese completo bienestar físico, mental y social de todas las guatemaltecas y los guatemaltecos.

Será que la salud es únicamente, la atención curativa que se pretende dar a los enfermos y que dicho sea de paso, tampoco se logra por un sinnúmero de limitantes del sistema de salud del país.

La salud desde la perspectiva de la persona se alcanza, si ésta logra desarrollar sus condiciones biopsicosociales, es decir no basta que una persona se encuentre en lo físico bien, si en su realización social no alcanza a satisfacer sus condiciones de vida o lo que es más grave, la presión social a la que se enfrenta le rompe la armonía con el ambiente, no le permite realizarse como persona, mucho menos como ente social o colectivo.

Que un grupo de personas sea despojada violentamente del lugar o de las condiciones en las cuales se encuentra trabajando para resolver sus necesidades inmediatas de alimentación, trabajo o lo más grave produciendo para el mantenimiento de su familia, es un ataque a todas luces del derecho comunitario a la salud.

Es preocupante que el Estado y sus instituciones no encuentren la  vinculación simple entre los derechos al trabajo, a la salud y a la misma sobrevivencia. Que constituye la lucha que los campesinos llevan adelante cuando se esfuerzas por encontrar un medio tan vital como es la tierra para trabajar y que simplemente ante ello se privilegie el derecho a la propiedad privada. Pero más grave aun que ésta propiedad privada no se encuentre del todo establecida en su origen y legalidad.

El desojo de tierras, los desalojos violentos constituyen una fragante violación al derecho a la salud de las comunidades, sobre todo, si previo a los mismos se han desarrollado procesos de mediación y negociación que no se han respetado y en donde se agrava más la situación pues existe aquí también una violación al derecho comunitario a la salud mental.

Cuánto daño se infringió a las comunidades campesinas durante el conflicto armado interno, no sólo en aquellas comunidades que fueron obligadas a desplazarse, sino a todas las poblaciones rurales a las que se les obligó a ejercer tareas militares para las que no estaban ni capacitadas, ni en disposición voluntaria.

Ese impacto psíquico y moral no se ha superado aún y ahora con los desalojos violentos que se han realizado en diversas comunidades del país, la salud mental de las poblaciones rurales vuelve a violentarse y a romper los débiles equilibrios sociales que se han venido construyendo desde la finalización del conflicto armado interno.

Es necesario que las autoridades encargadas de la salud en el país, asuman su responsabilidad y por lo menos inicien un proceso de defensa del derecho a la salud física y mental de las comunidades víctimas de esta conflictividad agraria y demuestren que tienen una visión amplia de la salud del pueblo.

JL

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