Tierra arrasada y democracia en Guatemala

Carlos Figueroa Ibarra.

He decidido interrumpir  la serie de artículos sobre Venezuela que había iniciado hace  tres semanas. Me siento profundamente impactado con las imágenes fotográficas y crónicas que he recibido sobre el desalojo violento de varias comunidades en el Valle del Polochic, en el municipio de Panzós, tristemente célebre desde la masacre que efectuó allí la dictadura de Romeo Lucas García. En las fotos aparecen efectivos de la policía y del ejército arrasando las comunidades de Miralvalle y Agua Caliente. Humildes ranchos de caña de maíz y paja incendiándose, igualmente derruidas aparecen viviendas de madera, lámina y plástico, sembradíos de frijol y maíz emergen arrasados por  tractores implacables y sobre todo la indignante imagen de un hombre joven, pobremente vestido y descalzo, tendido en el suelo con la cabeza ensangrentada. Fue asesinado por las fuerzas de seguridad de un tiro en la cabeza. Se llamó Antonio Bed Ac, campesino K’ekchí, y hoy figura entre los innumerables muertos que ha ocasionado la voracidad capitalista legitimada ahora por la democracia neoliberal.

Las imágenes dejan muy mal parado al gobierno de la UNE y en particular al presidente Álvaro Colom. Son imágenes que recuerdan a la política de tierra arrasada que las dictaduras militares practicaron en los años setenta y ochenta del siglo XX. Fotografías y crónicas evocan la masacre de Sansirisay en Jalapa en mayo de 1973 y la de Panzós en mayo de 1978. Masacres pioneras de los cientos que habrían de escenificarse  en los primeros años de la década siguiente. Masacres precursoras en las que estuvieron involucrados personajes como Carlos Arana Osorio, Efraín Ríos Montt y Romeo Lucas García. Todos ellos  artífices de la política contrainsurgente de  tierra arrasada que colocó a Guatemala en el primer lugar de los genocidios observados en la América contemporánea.

En aquellos  terribles años ochenta del siglo XX,  la dictadura  hizo las masacres en nombre de la lucha contra el comunismo y por la defensa de la democracia. Hoy la democracia en Guatemala hace tierra arrasada en defensa de la acumulación capitalista desenfrenada. Hasta el momento describir estas líneas,  habían sido devastadas ocho de  las 16 comunidades asentadas en terrenos propiedad de la familia Widmann y el fracasado ingenio Chabil Utzaj: Agua Caliente, Miralvalle, Quinich, Río Frío, 8 de agosto, El Sauce, El Recuerdo, Bella Flor. Restaban  San Pablo I y II, Paraná, San Miguel Cotxja, Santa María Cotoxja, El Paraíso, Las Tinajas y El Rodeo. Pese a un cuantioso préstamo otorgado a la familia Widmann por  el BCIE en tiempos en que su pariente político Oscar Berger era el presidente de la república, al parecer  fracasó en llevar adelante  el referido ingenio. Los terrenos fueron ocupados  por una masa de campesinos K’ekchís agobiados por la pobreza con lo cual afectaron tierras que resultan valiosísimas en el marco de los megaproyectos y expansión capitalista en toda la región. La violencia efectuada por el Estado el 15, 16 y 17 de marzo a través del gobierno del presidente Colom refleja la miseria campesina por la ausencia de una reforma agraria en el país y los procesos de despojo que en distintos lugares de Guatemala, Centroamérica y América latina se están observando por la expansión de las fronteras de inversión capitalista.

Lo que resulta revelador es que un gobierno que se inscribe dentro de la nueva época de democracia y gobiernos civiles, haya sido el instrumento del Estado en una violencia que tiene fines espurios. Resulta revelador también que un gobierno que se presenta a sí mismo como  alternativa socialdemócrata y solidaria  ante la mano dura, sea artífice de un hecho tan deleznable como el que ahora comentamos. Pero seamos justos, el gobierno de Colom solamente expresa las limitaciones profundas que tiene una democracia asentada en un modelo de capitalismo salvaje como el que ahora se vive en el mundo. Durante su gobierno ha sucedido exactamente lo que sucedió durante el gobierno de Oscar Berger: han sido amenazados, agredidos y asesinados activistas sociales en contra de los megaproyectos, activistas de derechos humanos y ambientalistas.

De nada sirve presentarse como expresión de una cohesión social asentada en la justicia social, si no se tiene la fuerza para enfrentarse a los intereses empresariales  que hoy mantienen realmente el poder.

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