Desprotección de la naturaleza

Por: Roberto Cancino Toledo/PúblicoGT

El 27 de julio del presente año, por medio del Acuerdo Gubernativo 214-2010, el gobierno del Lic. Álvaro Colom decidió “Aprobar el Contrato de Modificación, Ampliación y Prorroga de Contrato de Operaciones Petroleras de Explotación Número 2-85 (…) a favor de la entidad Perenco Guatemala Limited por el plazo de 15 años, adicionales a los 25 que cumplió en agosto del 2010. Dicha empresa realiza operaciones en el área núcleo del Parque Nacional Laguna del Tigre -PNLT-.

Pese a que diversas entidades nacionales e internacionales hicieron llegar al Organismo Ejecutivo, una serie de criterios jurídicos y técnicos que recomendaban la no prórroga del contrato petrolero, el Ejecutivo hizo caso omiso de las mismas. El proceso de aprobación de la prórroga fue bien calculado por los personeros de Perenco, en tanto que por un lado se promovió la aprobación de la Ley del Fondo Petrolero -FONPETROL- con la supuesta intención de llevar desarrollo al Petén, pero lo que realmente pretendía era dejar abierta una puerta para la prorroga, para lo cual el artículo 8 de FONPETROL modifica el artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos (Decreto 109-83). Por otra parte, se tuvo la osadía de eliminar del Plan Maestro del Parque Nacional Laguna del Tigre, la parte que ilustraba los impactos que la actividad petrolera puede generar en un área protegida.

Independientemente de los subterfugios utilizados para justificar la prórroga, la misma es abiertamente ilegal, pues el Decreto 4-89, Ley de Áreas Protegidas y el Decreto 5-90, referido a la protección de la Reserva de la Biósfera Maya, prohíben tajantemente cualquier actividad, como la petrolera, que implique la degradación de los recursos naturales. Se violan también convenios internacionales, como la Convención Ramsar, el Convenio de Diversidad Biológica, la Convención Marco sobre el Cambio Climático y la Convención sobre el Patrimonio Mundial, e incluso el tema ambiental (capítulo 17) que contiene el Tratado de Libre comercio con Estados Unidos. La violación jurídica fue tan obvia que tres de los ministros del Gabinete de Gobierno (Medio Ambiente, Gobernación y Cultura) razonaron su negativa a apoyar el Acuerdo Gubernativo 214-2010, que permitió la prórroga. La postura del Ministro del Ambiente, puso en evidencia la poca importancia que a nivel de la agenda de gobierno tiene el tema ambiental, de ahí que no extrañe que Guatemala este entre los países más vulnerables al cambio climático del planeta.

Otro aspecto que no se tomó en cuenta es la importancia crucial que las áreas protegidas asumen en el contexto del cambio climático, en tanto actúan como un protector de los impactos que devienen de la recurrencia de fenómenos meteorológicos, que han aumentado en cantidad e intensidad, haciendo estragos en las áreas vulnerables, o sea donde ha existido degradación de los recursos naturales. Entidades nacionales e internacionales han demostrado que las áreas degradadas del área núcleo del PNLT (casi una cuarta parte) están asociadas directamente con la llegada de la actividad petrolera al Petén, sobre todo por la construcción de carreteras que han facilitado las invasiones, surgimiento de comunidades, expansión de la agricultura, ganadería, narcotráfico y contrabando de especies exóticas y piezas arqueológicas.

Independientemente de los invaluables daños a los ecosistemas y biodiversidad del PNLT, sobre todo por la pérdida de los servicios ambientales que la naturaleza brinda a nivel local y global, la actividad petrolera no ha representado beneficios económicos al país, como lo demuestra el acucioso trabajo del diputado Aníbal García: “Una historia de traición a Guatemala. Prórroga del Contrato 2-85”, pues los recursos que el país obtiene, son mutilados por la forma de cálculo de las regalías (amarrada al grado API y al precio del petróleo internacional) y sobre todo por la merma de ingresos que representa para el país el pago que el Estado hace a la empresa petrolera, vía los costos recuperables, que al final resulta en un subsidio a una empresa transnacional que se jacta de actuar bajo los términos del mercado. En suma, Guatemala recibe menos de lo que le paga a Perenco, lo que obviamente no es negocio, independientemente del costo socio-ambiental asociado a la actividad petrolera que necesariamente asumirá el país al término del contrato y que algunos llaman la deuda ecológica.

Finalmente, cabe mencionar que el Ejecutivo también hizo oídos sordos a la propuesta del grupo de parlamentarios alemanes, en el sentido de desistir de la extracción del petróleo, a cambio de recursos financieros equivalentes al 50% del valor comercial de este recurso no renovable, que se canalizarían por medio del aporte de varios países hacia un fondo, para financiar actividades de sostenibilidad del parque y desarrollo de fuentes renovables de energía. Esta última propuesta también fue desatendida por parte del Gobierno, a pesar de que existen evidencias concretas de su aplicabilidad en el Parque Nacional Yasuni ITT en Ecuador.

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