Aumentar la carga Fiscal

Por: Johana Barrios

¿El aumento de carga fiscal, la elaboración de políticas sociales, los pactos; son una opción real para transformar la realidad?

Si bien, se considera que muchos países han logrado una mejora sustancial en aspectos básicos como salud, educación, vivienda, mediante la distribución del gasto público, adecuado a las necesidades; debemos de considerar la temporalidad y la historicidad territorial.

En el caso de Guatemala, el gasto público sigue siendo uno de los más bajos en ALC[1], por lo que tiene aún importantes desafíos para consolidar una política fiscal que pueda jugar plenamente su papel estabilizador y redistributivo.

La política fiscal del 2010 continúa siendo inadecuada para poder disminuir las brechas de inequidad hasta ahora existentes; brechas que han causado, poderes paralelos, resentimientos, sobrevivencia (ya sea mediante un trabajo legal o no); las brechas más allá del carácter económico; de la capacidad de adquisición, tiene esferas bio-psico-sociales, pocas veces analizadas o incluidas en análisis de carácter económico.

En Guatemala, la negociación sobre impuestos no se concentra principalmente en la aprobación de la legislación por el Congreso, ya que puede ser  modificada con relativa facilidad por la Corte de Constitucionalidad ante la interposición de recursos de inconstitucionalidad. En este nuevo escenario los gobiernos pueden enfrentar una reducción de sus recursos financieros en el momento menos esperado, como sucedió en el año 1994, cuando la carga tributaria se redujo en 1% del PIB debido a que una ley tributaria fue declarada inconstitucional[2].

El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (ASESA), uno de los más importantes del conjunto de Acuerdos de Paz, planteó la necesidad de que “antes del año 2000, la carga tributaria en relación al PIB se haya incrementado en por lo menos un 50% con respecto a la carga tributaria de 1995”, para hacer posible el financiamiento de los programas y proyectos orientados a la consolidación del proceso de paz.

A partir de entonces, no ha habido reformas tributarias exitosas, no han sido democráticas, ya que continúan participando las elites, y el pacto se transforma en un marco legal conveniente para dichas élites.

Si bien, la política fiscal y tributaria puede contribuir a la equidad social en la medida en que esta sea realmente acorde a las necesidades y a la redistribución basada en estrategias claves; esta por sí sola no resuelve los problemas institucionales del Estado para mejorar las metas cuantitativa y cualitativamente.


[1] ICEFI. Cap. V y VI ¿Derechos o privilegios?. 2010. Págs.. 77 a 109.

[2] Fuentes, Juan Alberto y Cabrera Mynor. Pacto Fiscal en Guatemala: lecciones de una negociación. CEPAL. 2006

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